Diario de León

Otero critica al PP por pactar con «transfugas» en Villaquilambre

Joaquín Otero, secretario de la UPL, en una imagen de archivo

Joaquín Otero, secretario de la UPL, en una imagen de archivo

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El secretario general de la UPL, Joaquín Otero, traslada hoy a las Cortes de Fuensaldaña dos preguntas de actualidad. En la primera de ellas pide que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, haga una valoración de la situación creada en el Ayuntamiento de Villaquilambre, después de que los tres ediles del Partido Popular suscribieran un pacto con los seis concejales socialistas, ahora expulsados del partido, un acuerdo que dará la alcaldía al concejal, que fuera del PSOE, Miguel Hidalgo. Un pacto que rompe el acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales firmado por el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy. «El pacto PP-PSOE es una auténtica vergüerza y un delito político en lo que ha incurrido el PP», dijo Otero, a la espera de que se ratifique el apoyo de los populares a los concejales expulsados del Partido Socialista el próximo viernes en el transcurso del pleno que proclamará a Hidalgo como alcalde de Villaquilambre. Otero responsabilizó directamente de esta iniciativa, que pondrá fin a ocho años de alcaldía de Lázaro García Bayón (UPL), quien obtuvo ocho concejales en esta legislatura, al presidente del PP de Castilla y León, puesto que «el PP de León está descabezado y el que preside el partido es Juan Vicente Herrera». Hospital San Juan de Dios Otra de las preguntas de actualidad que presentará el procurador leonesista está encaminada a conocer si la Junta va a adoptar alguna medida de presión o mediación a fin de garantizar la continuidad del hospital de San Juan de Dios y el mantenimiento del poder adquistivo de los trabajadores. En este sentido, Otero pidió que este centro sanitario se integre en la red pública del Sacyl dadas las cantidades que recibe gracias a que se trata de un centro concertado al que la Junta aportó durante el 2002 más de nueve millones de euros. El procurador leonesista exige a la Junta que «adopte las medidas necesarias para garantizar la continudiad del hospital con una plantilla de trabajadores a la que se le reconozcan sus derechos legítimos». Las Cortes debatirán una proposición no de ley en la que piden que se garantice el mantenimiento de la sede del Banco de España en León.

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