Medio Ambiente afirma que el CTR es legal, aunque el Plan de Residuos no

El Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de León, actualmente en construcción en el municipio de San Justo de La Vega, está dentro de la legalidad, según confirmó ayer la Consejería de Medio Ambiente tras darse a conocer hace unos días la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula el Plan de Residuos Urbanos 2002-2010 de la Junta. Según fuentes de esta Consejería, este Plan no tenía efectos legislativos por lo que su anulación no tiene ninguna consecuencia para las actuaciones llevadas a cabo dentro de esta planificación, entre las que se encuentra el CTR de San Justo de La Vega. Todas las actuaciones en marcha actualmente se encuadran dentro de un marco más amplio como es la Estrategia Regional de Residuos de Castilla y León, que data de mayo de 2002, y que continúa vigente. La Asociación Ecologistas en Acción dio a conocer este fin de semana la sentencia del TSJ del pasado 9 de febrero de 2004 por la que se anula el Plan de Residuos Urbanos y Residuos de Envases 2002-2010 de la Junta de Castilla y León, que responde a un recurso judicial presentado hace un año por este colectivo. Se da la circunstancia de que la Junta no podrá recurrir ante el Tribunal Supremo ya que la sentencia se fundamenta en «la vulneración de la normativa autonómica». Según esta organización, la Consejería de Medio Ambiente, que en aquel momento dirigía Silvia Clemente, actuó con «temeridad», puesto que «omitió la información pública, la evaluación de impacto ambiental y los informes preceptivos» a la hora de aprobar el Plan de Residuos Urbanos. En concreto, en la sentencia se pone de manifiesto el incumplimiento de los requisitos procedimentales previstos en la Ley de Ordenación del Territorio para la elaboración de Planes Regionales, como son la información pública, la audiencia a las Administraciones, el informe del Consejo de Urbanismo y Ordenación del Territorio, el informe de los municipios afectados por el Plan y la Evaluación Previa de su impacto ambiental. Por su parte, la portavoz socialista de Medio Ambiente en las Cortes, Helena Caballero, explicó ayer a Diario de León que la actuación de la Junta en esta materia no puede calificarse más que de «imprudente», al tiempo que recordó que «al retraso que acarrea la comunidad en cuanto a residuos urbanos hay que sumarle ahora esta anulación». En este sentido, recordó que en dos años España perderá los fondos de cohesión de la UE con que hasta ahora se venían financiando los centros de residuos urbanos.