Las ayudas medioambientales no llegan a más del 30% de solicitudes

Los sindicatos agrarios coinciden en sus críticas al área de Agricultura y Ganadería del gobierno autónomo por lo que consideran una limitación de ayudas medioambientales. Por ese concepto, los agricultores o ganaderos leoneses recibieron durante el año 2004 poco más de cuatro millones cien mil euros, menos de una quinta parte de la cantidad gestionada por la Junta en todas las provincias de la autonomía. Las organizaciones sindicales agrarias estiman que durante el año anterior sólo se aprobó un treinta por ciento de todos los expedientes de solicitud de estas ayudas que se destinan en torno a la protección de flora y fauna en sistemas se extensificación, el girasol agroambiental, la agricultura ecológica, el programa de estepas cerealistas o el mantenimiento de razas ganaderas autóctonas en peligro de extinción. Entre todos estos conceptos, los programas de extensificación reciben la mayor parte porcentual de la línea de ayudas que gestiona la Junta, por encima de las estepas cerealistas, el girasol ambiental y las razas en peligro de extinción. La agricultura ecológica es le menos agraciada entre los beneficiarios de estos presupuestos. Las asociaciones agrarias no son optimistas en cuanto a que durante el año 2005 se produzcan incrementos -cualitativos y cuantitativos- en las ayudas a ganaderos y agricultores por estas cuestiones relacionadas con el medio ambiente, que no superarán el porcentaje de expedientes resueltos favorablemente en el año 2004. Esta aseveración la efectúan con los presupuestos autonómicos del año 2005 en la mano. Las críticas por la escasez de las ayudas se une a otras valoraciones que cuestionan la política agraria de la Junta de Castilla y León en torno a las necesidades de financiación de las medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común (PAC). El desarrollo rural en zonas desfavorecidas, las financiación de las solicitudes de cese anticipado de actividad o las ayudas para que los jóvenes se incorporen a la producción agrícola o ganadera son otras de las cuestiones que acaparan el desacuerdo sindical. La reducción de población activa en el campo leonés ronda el 10% en el último ejercicio controlado.