Las cuentas de la patronal

Las principales compañías mineras de sector miran con inquietud el despegue de la negociación del nuevo plan del carbón. Se juegan su futuro, y quieren tener las manos más que libres para poder obtener la mayor rentabilidad posible en un marco especialmente regulado desde la Unión Europea. Esto es lo que se infiere, por ejemplo, del contenido de los documentos de trabajo de imperios carboneros como el que comanda Victorino Alonso. «Quizá lo más inteligente y lo más eficiente que se pueda promover desde la Administración sea ofrecer un marco legal lo suficientemente estable, que mantenga el régimen económico actual, ayudas al acceso a reservas y prejubilaciones, hasta el 2012». ¿Cómo? De un lado otorgando vía libre a las empresas para que puedan reducir su producción en la misma proporción en que lo hagan las ayudas públicas anuales, y de otra parte posibilitando que las sociedades en activo puedan asumir trabajadores, ayudas y suministros, de otras que se vean abocadas al cierre. Estos conceptos coronan uno de los documentos que se difundieron la semana pasada con motivo de las jornadas de debate que se celebraron en Ponferrada sobre minería y emisiones energéticas. Iban a ser conocidas de primera mano por el secretario de Estado de la Energía, pero al final Antonio Fernández Segura no acudió a la cita. Para solventar los problemas actuales que atenazan al sector, con este enfoque patronal, sería preciso que el Gobierno, como se requiere desde la Comisión Europea, fijase un nivel de producción autóctono anual inscrito en un plan de acceso a reservas. Atendiendo, eso sí, a criterios objetivos y con garantías de consumo. Hasta el 2007, para conglomerados como el de MSP y Uminsa, «teniendo en cuenta el carácter global de las ayudas, su importe debería ser corregido con el incremento anual del IPC», puesto que de otra manera entienden que la disminución continua y acumulativa del 4·% en estas ayudas al acceso a reservas «terminaría con el sector a medio plazo». «Los productores», recoge el citado informe, «deberían tener la opción de disminuir en el mismo 4% anual los suministros contractuales a las centrales, sin dar lugar a incumplimientos que comprometieran la continuidad de las ayudas y permitiendo que las instalaciones se adaptasen gradualmente a la disminución de plantillas». Otro eje capital en la regulación del sector, y muy particular para un grupo como el de Alonso, es la necesidad de que no se diferencien las subvenciones en función del sistema de explotación, ni que se «penalicen a las empresas que hayan conseguido una disminución de los costes de producción, reduciéndoles unas ayudas que tienen el carácter de complemento del precio del carbón». En términos cronológicos, y conocido el panorama para las térmicas, en este ámbito patronal se espera una planificación que a partir del 2008 se extienda hasta el 2015. «El sector del carbón», se prevé, «necesita un marco de ocho años al menos para seguir realizando inversiones y modernizando sus explotaciones con el fin de reducir los costes de producción».