Pérez Morala sigue de alcalde 9 meses después de ser inhabilitado
Fue condenado a 18 meses sin ostentar cargos públicos por los vertidos ilegales en dos lagunas
Imagen de archivo tomada el día del juicio contra Joaquín Pérez Morala
El portavoz del PSOE, Marcelo Alonso, exigió ayer la inmediata dimisión del alcalde Popular de Villanueva de las Manzanas, Joaquín Pérez Morala, así como la ejecución de la sentencia que le condena a la inhabilitación para desempeñar cargo público durante 18 meses por un delito ecológico ocurrido cuando ocupaba el cargo de presidente de la Mancomunidad. Pérez Morala fue condenado el 31 de marzo del 2003, por el juzgado primero de lo Penal, a un año de prisión y 18 meses de inhabilitación como presidente de la Mancomunidad de los municipios que realizaron el vertido ilegal de residuos en dos lagunas que resultaron contaminadas, como se desprende de los análisis realizados en las mismas. El regidor de Villanueva recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial, por considerar que él no era el único responsable de la decisión de ubicar el vertedero en dicha zona, ya que todos los alcaldes del municipio estuvieron de acuerdo por unanimidad, tanto los del PP como los del PSOE. La Audiencia Provincial, a finales de mayo de 2004, ratificó la primera resolución judicial y añadía además, el pago de una multa diaria de seis euros durante ocho meses. Por otro lado, el abogado de la parte denunciante, Simón Pérez Quintero, destacó en esa fecha, que el alcalde estaba obligado, sin opción al recurso, a indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Duero con 8.000 euros en concepto de los daños ocasionados al dominio público hidráulico. Sin declaraciones Pérez Morala declinó ayer realizar declaraciones momentos antes de asistir, en su condición de alcalde, a un acto público en la Diputación y aseguró no tener nada que decir sobre el tema, según informa Efe. Alonso instó a la dirección del PP, a tomar cartas en el asunto, para no perder su credibilidad como fuerza política democrática e ironizó con la duda de si su fuerza política les permitía saltarse las leyes a la torera e incluso «si aún conservaban el derecho de pernada», apuntilló. Por su parte el Secretario provincial del PP, Eduardo Fernández, aseguró que todo tendría que aclararse para que la responsabilidad política sobre este asunto no salpicara exclusivamente a un alcalde popular, teniendo en cuenta que hubo alcaldes socialistas implicados en los hechos.