El colectivo cree que no más de un 10% de trabajadores extranjeros superará el proceso

Los inmigrantes piden generosidad empresarial para su regularización

En la oficina de consultas que ha abierto el Ayuntamiento sólo se retiraron 9 solicitudes

Un momento de la reunión de Ana Guada con los inmigrantes

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L. Urdiales / F. Ramos - león
León

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Las réplicas de la inmigración ante el plan de normalización abierto por el Gobierno son unánimes: el colectivo pide flexibilidad en las formas y generosidad entre el empresariado. Representantes de trabajadores extranjeros en la capital leonesa expresaron su disconformidad con el desarrollo del proceso, «demasiado estricto en requisitos» según su parecer. Marta Frederic, de la asociación Cubana en León, desveló que, en último término, la regularización de los inmigrantes pende de la voluntad del empresario. «Ese requisito ya no depende de que el trabajador disponga del resto de trámites cumplidos; estamos ante una situación preocupante, porque parece que como que se ven conminados a ir ante la administración a reconocer una realidad y no quieren. Ante estas reticencias, ha de ser el trabajador, en situación de irregularidad el que insista». La portavoz de la colonia cubana en León pormenorizó con ejemplos de negativas y largas continuas por parte del empleador al asalariado en situación ilegal. «Este perjuicio -insistió Marta Frederic- se multiplica en le caso de las empleadas del hogar». Las asociaciones de inmigrantes de León (entre otros, saharauis, senegaleses, dominicanos y cubanos) valoraron en una reunión con la concejala de Bienestar Social y el negociado municipal de estadística el proceso de regularización que finaliza el próximo 7 de mayo. Ana Guada informó de que la oficina de consultas abierta por el Ayuntamiento de León registró desde el 7 de febrero 34 visitas; pero no más de 9 retiraron los impresos para iniciar los trámites de regularización. «Han dejado la responsabilidad en manos de los empresarios que a lo mejor no están dispuestos a cambiar la realidad, porque la actual les resulta más cómoda». El colectivo de inmigrantes citados ayer en el Ayuntamiento pone objeciones también a la rigidez del empadronamiento, documento indispensable para acreditar seis meses de residencia en el país, en vez de una declaración que pueda demostrar esa residencia. «Lo que pasa es que muchos inmigrantes no se empadronan, pero hay muchas fórmulas para atestiguar y verificar que llevan tiempo suficiente en España como para pasar los plazos de legalización», sugirió Frederic. Ante esta lista de disconformidad, a las que se suma el procedimiento complejo de la obtención de penales en los países de origen, los inmigrantes vaticinan que no aflorará más de un 10% de la población objeto del la regularización.

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