Martínez insta a Zapatero a reducir un euro el peaje de la León-Astorga

El secretario general del PSOE en León, Miguel Martínez recordó ayer a su partido que la eliminación «progresiva» del peaje de la autopista que une León con Astorga (AP-71) es uno de los compromisos electorales de la actual legislatura y, por lo tanto, «tiene que cumplirse», al igual que la supresión del peaje de la doble vía que une León con Campomanes (AP-66). Miguel Martínez insistió que en la supresión total de la tasa que tienen que pagar los viajeros por circular por la AP-71 sería muy costoso y por este motivo debe hacerse a medio plazo. «Hay que hacer todo lo posible para el eliminación del peaje de la autopista que une León con Astorga, puesto que era una de las promesas electorales del Partidos Socialista «aunque tengamos que hacerlo a medio plazo», señaló el máximo responsable de los socialistas en la provincia. Para Miguel Martínez la reducción del precio por utilizar esta vía pasa por que, en una primera fase, los ciudadanos paguen un euro menos de lo que cuesta en la actualidad, 3,25 euros. Para ello propone que el Ministerio de Fomento condone la deuda a la empresa concesionaria del servicio (Aulesa) que adquirió un préstamo de unos 24 millones de euros para la puesta en marcha de esta nueva infraestructura, cuyo plazo de concesión concluye en el año 2075. Sin embargo, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció en junio del año pasado, en el Congreso de los Diputados, que su departamento no tenía intención de suprimir ningún peaje de las autopistas españolas por su excesivo coste para las arcas estatales. Unas afirmaciones en las que se incluirían la AP-66 y la AP-71. Un día más tarde, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, rectificaba a su ministra y anunciaba un proceso de diálogo sobre los peajes. En cuanto a la autopista que une León con Asturias, Miguel Martínez puntualizó que en el rescate del peaje tiene mucho que ver el Gobierno del Principado «aunque nuestra postura pasa por suprimir la tasa cuanto antes». En este caso, la empresa concesionaría, Aucalsa, gestionará este servicio los próximos 30 años, hasta el año 2050. Mientras tanto, desde la UPL ya han anunciado que volverán a realizar una protesta para recordar al Gobierno su promesa electoral. En este caso, la caravana de manifestantes coincidirá con la celebración del 23 de abril, el día de la comunidad.