Diario de León

La propuesta se contemplaba ya en el programa electoral del PSOE

Agricultura retirará el certificado veterinario para sacrificar reses

Los sindicatos agrarios ven el documento como un coste añadido para la producción

Una veterinaria examina papeles de un animal llegado al matadero

Una veterinaria examina papeles de un animal llegado al matadero

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L. Urdiales - león
León

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El fin de la vigencia del certificado veterinario que se exigía desde el año 2000 a los ganaderos que derivaran reses al sacrificio se presume próximo, una vez que los diputados socialistas en la comisión de agricultura hayan decidido llevar a cabo una proposición no de ley para que se suprima este requisito. El documento, que debe expedir un veterinario, y que afecta por igual a los procesos de venta de ganado que lleven a cabo criadores de razas bovinas y ovinas, se convirtió en obligatorio como medida preventiva a partir de que se desatara la crisis de las vacas locas en España. Los responsables del Ministerio de Agricultura, de acuerdo con las propuestas electorales que se hicieron valer en el programa socialista, consideran que este certificado veterinario ya no es necesario porque no añade ninguna garantía final a ninguna consideración sobre la salud del animal que va a ser sacrificado. Algunos colectivos ganaderos y varias organizaciones sindicales intentan desde hace meses que anule esta disposición que, valoran, supone un coste añadido para los productores que en la mayoría deben pagar por la expedición del certificado, con el consiguiente incremento de los costes de producción. Colectivos veterinarios, así como la agencia para la seguridad alimentaria, se oponen a las intenciones de Agricultura de suspender la obligatoriedad del documento. La reivindicación sindical añade también que se libere al ganadero de los costes de eliminar los materiales de riesgo. Frente al sistema actual de destrucción de animales muertos en las granjas y explotaciones ganaderas, Agricultura también prevé desarrollar otra normativa en busca de segundas opciones que superen la legislación actual que impide los enterramientos, con el fin de lograr ahorros en el entramado de la recogida de cadáveres para su destrucción.

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