Villaturiel denunciará a la Junta por no cerrar un depósito con 300.000 ruedas

El Ayuntamiento de Villaturiel ha decidido denunciar a la Junta de Castilla y León por «poner en peligro la salud de los vecinos al no atajar el grave problema medioambiental que genera desde hace seis años un vertedero ilegal de neumáticos». El depósito se abrió en 1999 en la localidad de Castrillo de la Ribera con 13.000 ruedas usadas y bajo el señuelo de aprovechar los residuos para producir lechugas. Sin embargo, ese curioso proyecto de invernaderos ecológicos no prosperó y en las fincas se acumulan ya más de 300.000 unidades sin control. La población está preocupada y teme que cualquier chispa haga arder el vertedero, ya que el caucho «es altamente contaminante y provocaría una nube tóxica de proporciones descomunales», advierten algunos de los habitantes de la zona. Esa preocupación, unida a «la desidia que ha demostrado la Junta para solucionar el problema haciendo oídos sordos a mis múltiples reclamaciones, es la que nos llevará a denunciar al Ejecutivo autonómico», aclara el alcalde, Valentín Martínez. De momento, han encargado un informe a los técnicos de la Diputación y a un jurista independiente sobre los riesgos que producen las montañas de ruedas y la manera de eliminar el foco. La Consejería de Medio Ambiente, propuso, en una carta fechada el pasado 26 de abril, hacerse cargo del 75% del coste de recogida, transporte y posterior reciclado de las cuatro toneladas de neumáticos de Castrillo, a cambio de que el Ayuntamiento asuma el otro 25%. Un pago «inasumible» Martínez considera insuficiente ese aporte e insiste en que el problema de los residuos es de la Junta, según el decreto 59/1999 de 31 de marzo, y no de los municipios. Además, para Villaturiel «sería inasumible pagar 85.000 de los 350.000 euros que costaría esa solución dada la débil situación financiera que tenemos. Si destinamos esa cantidad no podríamos pagar ni el capítulo uno de personal y nos hipotecaríamos para los próximos diez años». El delegado territorial de la Junta, Eduardo Fernández, contradice al alcalde de Villaturiel y dice que las competencias para resolver el asunto son del Ayuntamiento, aunque el Gobierno esté dispuesto a ayudarles económicamente. La procuradora socialista, Inmaculada Larrauri, ha llevado el tema a las Cortes y ha reclamado medidas urgentes para que «Villaturiel no se convierta en el mayor basurero de la provincia leonesa. En lugar de mirar para otro lado -afirma- la Junta debe actuar ya, lo contrario es un desprecio a sus habitantes».