Amilivia emplaza a Industria a que imite el ejemplo de la Junta

«El compromiso de la Junta con el Palacio de Congresos es claro, firme e irrenunciable», asestó Antonio Silván, consejero de Fomento, el pasado martes en el Pleno de las Cortes autonómicas. Una sentencia que recogió ayer Mario Amilivia para hacer una diferenciación entre la actitud del Gobierno autonómico y el central, y como consecuencia solicitar al Ministerio de Industria que ratifique oficialmente su disponibilidad para aportar el 40% del presupuesto de la instalación, aún sin determinar y que podría rondar los 60 millones de euros. El primer edil, sin entrar en la desconfianza mostrada por Silván sobre la participación del Ministerio de Industria en el proyecto, sí que anheló que «a lo largo de estos días se plasme el compromiso de consignación del 40% que para cofinanciarlo prometió la Administración central», y anunció que de no ser así será el propio alcalde de León quien «vuelva a emplazar al representante del Gobierno para dar cumplimiento al compromiso», en el que la Junta sería responsable de otro 40% y el 20% debería ser sufragado por el Ayuntamiento tras contabilizar el valor de los terrenos y los edificios existentes en la antigua Azucarera Santa Elvira. Postura del Gobierno Las declaraciones de Amilivia y Silván no se corresponden con la determinación de estaciones explicitada la pasada semana por el secretario de Estado de Turismo. Raimon Martínez Fraile, que participó de manera activa en la deliberación del proyecto de Dominique Perrault como ganador del concurso de ideas para el Palacio de Congresos, señaló que debe ser la Junta la encargada de elaborar la propuesta de convenio para llevar adelante el proyecto y remitirla al ministerio para que sea evaluada. El representante de la administración central evitó de esta manera entrar en consideraciones sobre porcentajes antes de conocer el acuerdo y se remitió a la partida de 1.000.000 de euros habilitada dentro de los Presupuestos Generales del Estado del 2005 para mostrar su compromiso. La demora en estos trámites, con desplazamiento de responsabilidades entre las administraciones implicadas, incidirá directamente en el desarrollo de los plazos establecidos, puesto que hasta que no se cierre el convenio no podrá ser licitado el proyecto. En paralelo, el consistorio deberá rubricar el contrato con el arquitecto francés, que contará con un plazo de tres meses para redactar el proyecto de ejecución que determinará efectivamente la infraestructura.