El imputado no quiso decir nada en el turno de última palabra en la sala

El procesado no quiso hacer uso de la posibilidad que la ley le otorga para decir la última palabra en la vista oral, y antes de que el caso quedara visto para sentencia, declaró: «No tengo nada que decir». La defensa recusó (por tercera vez en el proceso) a los peritos de la Junta de Castilla y León, por entender que habían elaborado su informe basándose en uno anterior de otro técnico, que a su vez había sido confeccionado de acuerdo a los datos proporcionados por la Policía Judicial. La solicitud fue rechazada y la vista oral continuó su curso. El letrado también elevó a definitivas las calificaciones, exigió la libre absolución de su cliente y en su turno de conclusiones, lamentó la forma de proceder de la entidad bancaria «que permitía entregar dinero sin el reconocimiento de la firma de los directores médicos» y habló de una «condena mediática» que desde su punto de vista «trata de condenar de antemano al acusado». Insistió en que la forma de proceder con las cuentas por parte de la entidad financiera «es uno de los mayores disparates» conocidos y se preguntó «por qué no se ha acreditado que mi defendido era quien entraba a retirar el dinero». Se sorprendió notablemente de que los peritos de la Junta tuvieran en su poder uno de los informes periciales previos de otro técnico y describió al menos dos casos en los que se realizaron reintegros en otra sucursal bancaria ajena a la que se ha investigado en todo este tiempo. 95% de operaciones Cifró en un 95% el número de operaciones que aparecen en este caso, cuyo valor es inferior a 50.000 pesetas «y en las que no se ha podido demostrar de forma fidedigna quién llevaba el dinero». Recordó irónicamente la existencia de más de una caja fuerte «y en cuanto aparecieron en una de ellas dos millones de pesetas, y mediaticamente adornado, todo ello derivó en un planteamiento lamentable». Negó que su patrocinado fuera destinatario indebido de una serie de giros postales con destino a pacientes del centro «porque ya hemos escuchado que vigilantes, enfermeras y recepcionistas, también han recibido dinero de familiares para entregar a los internos y lanzó un alegato final en favor de los enfermos mentales, para que la sociedad y los familiares cambien el concepto que de ellos se tiene. El letrado de la Junta exigió la exención del Gobierno autonómico de la responsabilidad civil que se le atribuye junto al reo: «Es un asunto particular, administraba el hospital, no a los pacientes»