Fijan el aparcamiento de Hospitales y la enajenación de los almacenes como entrada de capital
El Ayuntamiento fía a la venta de suelo y las concesiones el freno de la deuda
La oposición solicita que se efectúe un control cuatrimestral del estado financiero de la administración
El pleno que se desayunó con la deuda municipal terminó por conseguir que todos los grupos políticos se conjuraran con el firme propósito de que « se trabaje con consenso y sentido común para que una situación puntual se resuelva», como resumió el alcalde, Mario Amilivia, en el cierre del debate. Pero por debajo de los discursos y de los 201.131.864 euros que se amontonan en el debe de las arcas municipales lo que se fraguó fue una lucha por discenir responsabilidades. Entre las propuestas se salvó el apunte efectuado por la concejala de la UPL Gema Cabezas, quien solicitó que «se hagan informes con caráter cuatrimestral para tener un seguimiento de la situación financiera del consistorio», y el propósito común de cumplir con las obligaciones contraídas con los acreedores: 29.411.864 euros previos a la contabilidad presupuestaria y 64.744.393 euros ya dentro del documento de gastos. «Tenemos 98 millones de razones para ser responsables», entonó el viceportavoz del PSOE, Ibán García del Blanco, quien concedió que «la situación es extramadamente delicada y hay que actuar para que los proveedores y la ciudad estén mucho más tranquilos». Aludido directamente por su condición de responsable de las cuentas municipales, Francisco Saurina cerró un compromiso. «Yo les aseguro que los proveedores van a cobrar», lanzó el edil de Hcaienda, quien describió que «no va a haber ningún problema para que los proveedores cobren sus facturas, algo que saben ellos porque la mayoría lleva 15 años prestando servicios al Ayuntamiento». El segundo teniente de alcalde anunció que «no se van a concertar préstamos a largo plazo» y aeguró que «la concesión del párking de Hospitales, con un canon de 18 millones de euros, y la venta del suelo de los almacenes municipales servirán para sanear las cuentas», al tiempo que explicó que «habrá una batería de medidas para acabar con las consignaciones extrapresupuestarias, que son el gran problema», y que «la incorporación de las unidades urbanas del IBI dentro del ejercicio dará aire a la tesorería». Al ataque, Saurina distinguió que entre esta etapa de gobierno y la de PSOE y UPL «la diferencia está en La Lastra, que si se hubiera vendido bien habría solucionado gran parte de la deuda»; mientras que en la réplica Ibán García del Blanco volvió a argumentar que su intención fue que «las viviendas no cuesten más de 70 millones, como en el suelo que vendió la Diputación».