La Junta propone que la Ley de Parques recoja un régimen especial para Picos

La principal alegación que la Junta de Castilla y León realiza a la Ley sobre la Red de Parques Nacionales, actualmente en trámite parlamentario, es la inclusión de una disposición adicional relativa al territorio del Parque Nacional de Picos de Europa comprendido en la comunidad autónoma. A través de esta disposición, el Ejecutivo autonómico pretende que se reconozca un régimen especial para el territorio castellano y leonés de Picos dentro de la nueva regulación estatal sobre parques nacionales, suprimiendo en esta zona las restricciones relativas al suelo urbano y a la prohibición de cazar. Así, la Junta propone que las prohibiciones que la futura Ley establece en relación a la existencia de suelo susceptible de transformación urbanística o suelo urbanizado no sean aplicables a la ampliación de los núcleos urbanos preexistentes, que en el caso de Picos son especialmente importantes en comparación con otros parques nacionales. En cualquier caso, esta ampliación se realizaría siempre a través de la modificación del Plan Urbanístico, lo que requeriría informe preceptivo y vinculante de los órganos de gestión del Parque. En segundo lugar, y respecto a la prohibición con carácter general de la pesca deportiva y recreativa, la caza deportiva y comercial, así como la corta de árboles con fines comerciales, estas actividades se podrían seguir llevando a cabo en Picos con el fin «de evitar la degradación de otros valores naturales o desequilibrios en los procesos ecológicos, teniendo en cuenta que han supuesto tradicionalmente un importante recurso económico para las poblaciones de la zona». La alegación de la Junta continúa señalando que al ser compatibles estas actividades con las valores naturales de la zona, «se permitirá su ejercicio conforme a un proyecto de ordenación específico que deberá ser informado por el Patronato del Parque». Oportunidad, no prohibición Así, lo explicó ayer el consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, quien reclamó al Gobierno central que en el proyecto de Ley contemple estos espacios como «una oportunidad» y no como una prohibición, según informó Ical. El consejero se refirió al caso de Picos de Europa, donde sus habitantes «han demostrado en el tiempo que mantienen la sostenibilidad y la biodiversidad». «No se trata de adaptar a la gente a la Ley. La Ley tiene que regular las realidades sociales», sentenció. Asímismo, defendió una «situación transitoria» para el mantenimiento de los usos tradicionales y sostenibles que se han desarrollado con anterioridad en estos territorios y que garantice los ingresos y el modo de vida de sus habitantes.