El Consejo de Cuentas halla un desfase de 600.000 euros en el Museo Minero

La fiscalización de las contrataciones administrativas realizadas por la Junta durante el año 2003 ha puesto de manifiesto graves irregularidades que han sido destapadas por parte del Consejo de Cuentas de Castilla y León en su primer informe hecho público esta misma semana. El polémico estudio de este órgano presidido por Pedro Martín es rotundo en sus conclusiones: «La práctica en el ámbito del control interno no se corresponde con la previsión legal». De los 24 contratos que fueron analizados, llama especialmente la atención la adjudicación de las obras de rehabilitación de la Ferrería de San Blas para su transformación en el Museo Minero de Sabero. Entre otras anomalías, el Consejo de Cuentas desvela que «el importe acumulado de la obra en el programa de trabajo presentado por el adjudicatario no coincide con el importe adjudicado de la obra, representado una diferencia de más de 600.000 euros, lo que constituye una grave irregularidad que debió ser objeto de subsanación». Alteraciones injustificadas Asimismo, la formalización del contrato incumple la legislación puesto que se realizó más de seis meses después de la resolución de la adjudicación. Esta y otras circunstancias, como la tramitación del expediente de reajuste de anualidades sin haberse firmado antes el contrato inicial, producen «una alteración injustificada de las condiciones de licitación que rompe los principios básicos de igualdad, publicidad y concurrencia de la contratación pública». El informe también revela que «no consta en el expediente la tramitación del necesario ajuste de anualidades, ni el documento contable que acredite la existencia de crédito en el ejercicio en curso correspondiente a este contrato». Modificaciones sin aprobar Se da la circunstancia de que el mismo día que finalizó el plazo de ejecución se levantó un acta de suspensión temporal de las obras como consecuencia de la tramitación de un proyecto modificado que en la fecha de la fiscalización, -agosto del 2005- todavía no se había aprobado. A este respecto, la certificación correspondiente al mes anterior a la suspensión elevaba el importe total certificado de la obra a un 5,2% del total adjudicado, cuando debería alcanzar la práctica totalidad de dicho importe. «Se desprende de esta documentación un retraso no justificado en la ejecución, especialmente grave cuando se utilizó la reducción del plazo de ejecución como criterio de adjudicación». Este informe no incluye las alegaciones que presentó la Junta.