La memoria sale a concurso El proceso juzgó a miles de leoneses del bando vencidoEl Estado niega la anulación de los consejos quetanto criticó al PP

El Ministerio de Cultura ha hecho públicas -BOE del pasasdo día 9- las exigencias técnicas para contratar un trabajo de identificación de las víctimas de la Causa General con el doble objetivo de aportar información a la comisión interministerial que estudia la situación de los represaliados y de archivar los documentos para ofrecer a los investigadores un acceso puntual y rápido a las fuentes de información. Pero la iniciativa es menos ambiciosa de lo que parece. La catalogación se refiere exclusivamente a los fondos que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, en la madrileña calle Serrano, donde está depositada parte de la documentación de la denominada Causa General, el macroproceso judicial abierto por los vencedores de la Guerra Civil para informar de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en zona roja desde el 18 de julio hasta la liberación. Por esta razón, estos registros son en su mayor parte las actas de acusaciones de los vencedores contra los vencidos. Menos elocuente resulta esta actuación al conocerse que la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, gestionada por el leonés Rogelio Blanco, pretende zanjarla antes del 20 de diciembre de este año. Se desconoce por el momento el sentido último de esta clasificación de legajos, pero en ningún caso abarcará las exigencias mínimas de las asociaciones que defienden la recuperación de la memoria histórica, puesto que se han excluido los otros grandes archivos en donde se guarda documentación que prueba la barbarie que padecieron mayoritariamente los vencidos . ¿Y los demás? Es el caso de las cajas almacenadas en el Acuartelamiento Baluarte del Ferrol, donde se hayan más las pruebas de más de 12.000 juicios sumarísimos efectuados en la provincia de León. Del mismo modo se han excluido todos los expedientes y datos que manejan los archivos históricos provinciales, los de los extintos gobiernos civiles y los de las audiencias provicnciales, además de los registros civiles. El trabajo que se realizará sólo en Madrid tiene un presupuesto máximo de licitación de cien mil euros. La indización -término utilizado por los archiveros- consistirá en identificar, vaciar y registrar ordenadamente en un índice todas las personas denunciadas que figuran en las diferentes piezas de la Causa General de todas las provincias en las que se instruyó. Se creará una base de datos con los nombres, apellidos y alias del denunciado, su profesión, la fecha de la denuncia y localidad y provincia donde se cometieron los hechos denunciados. Posteriormente se hará una descripción general provincia a provincia de todos los documentos. Voces críticas La primera voz crítica ha surgido desde el Foro por la Memoria. Arturo Peinado, integrante de la Federación Estatal, se pregunta «¿por qué es prioritario el archivo donde se recogen las víctimas de derechas y no otros?». Peinado añade: «¿Se va a dar a acceso público también a los nombres y datos de los supuestos responsables en la Causa General?». Comenzó oficialmente en abril de 1942 a raíz de una iniciativa del Ministerio de Justicia del Gobierno español, promovida directamente por el caudillo. La Causa General, en realidad un proceso judicial a gran escala, se dividió en once apartados, aunque en los lugares donde había triunfado el golpe militar se redujeron a dos. Por un lado, Alzamiento, donde se pretendía contabilizar el número de muertos contabilizados por la amenaza roja . Por otro, Tesoro Artístico, en el que se recogían todos los daños materiales ocasionados por los ataques. Según la revisión histórica realizada por Francisco Espinosa, la Causa General cifró en más de 80.000 las víctimas del terror rojo, si bien eran datos inflados que posteriormente se han ido reduciendo a 50.000. No obstante, la cifra no se acercaba al número de muertos que había difundido la propaganda franquista: 600.000 en el año 1937 y 470.000 en 1938. Un origen anterior Pero el origen de la Causa General es anterior. Historiadores como Francisco Espinosa aseguran que todo empezó el 14 de agosto de 1936, cuando una columna militar que había salido de Sevilla perpetró una matanza indiscriminada en Badajoz. Ya entonces el proceso judicial no se había limitado a los hechos posteriores a ese 18 de julio del 36, sino que empezaba a abarcar un periodo mucho más amplio, remontándose a octubre de 1934, incluso a abril de 1931 con la proclamación de la II República. Una somera lectura del proyecto de ley de Memoria Histórica aclara muchas dudas respecto hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para reparar a las víctimas. El tema central de la no anulación testimonial de los juicios sumarísimos es una de las principales incoherencias propiciadas por esta ley. Se da la circunstancia de que la entonces diputada leonesa Amparo Valcarce -actualmente secretaria de Estado de Asuntos Sociales-, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, presentó en agosto del 2003 una proposición no de ley para que todas las sentencias dictadas durante la dictadura franquista contra dirigentes republicanos y otros políticos opositores fuesen anuladas. Antes unos, ahora otros En el debate, sólo el PP rechazó en solitario la anulación de estos juicios, como paradójicamente ahora está haciendo el PSOE. Según ha podido saber este periódico, el Gobierno se ha decantado por esta postura «en nombre de la seguridad jurídica» y después de haber recibido las resoluciones emitidas por la Fiscalía General del Estado y la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. La revisión de los consejos de guerra sigue dependiendo de la Sala 5ª. de la jurisdicción militar. «Sólo tiene miedo a la memoria a quien le pesa el pasado», sentenció el 10 de septiembre del 2003 la diputada leonesa durante su defensa de la propuesta en el Congreso. Valcarce iba más allá en su discurso y exigía la anulación de los procesos abiertos durante la Guerra Civil a través de tribunales militares y los llevados a cabo tras la contienda a tenor de la Ley de Responsabilidades Políticas y de la instrucción de la Causa General. No se dirá Puente Castro Entre estos procesos, se encuentra el ocurrido el 4 de noviembre de 1936 en la Diputación Provincial de León, en el que se condenó a las principales personalidades políticas leonesas de la República, ejecuadas el 21 de ese mismo mes en Puente Castro. Curiosamente, el debate parlamentario de aquel septiembre del 2003 se cerraba con las palabras de Valcarce dirigidas a Aznar, entonces presidente del Gobierno. «Quienes tantas veces citan a Azaña -presidente de la República y jefe de Gobierno-, que no lo hagan tomando su nombre en vano», dijo.