León acapara cien proyectos vinculados con el Plan del Carbón

Satisfacción a medias en las reuniones celebradas ayer entre los representantes sindicales minerometalúrgicos y el Gobierno, en la sede del Ministerio de Industria de Madrid. Las buenas expectativas llegan por parte de los proyectos presentados como iniciativa empresarial privada y que a nivel estatal resultan un total de 375. Alberto González Llamas, secretario provincial de la Federación de CC. OO., se mostró esperanzado, al igual que Manuel López, secretario de FIA-UGT, que se refirió al total de propuestas como un «volumen importante». Ambos coincidieron en señalar que ahora lo más importante es determinar qué proyectos pasan el filtro y se pueden convertir en realidad. León acogería una centena de estos proyectos, una gran mayoría ya que para la Castilla y León hay previstos 120, tal y como enumeró González Llamas. Aumento de las cantidades Según los representantes minerometalúrgicos, la circunstancia que se abre en la actualidad se basa en el aumento de la cantidad prevista para ayudas en estas iniciativas. De los 60 millones de euros que había previstos, ahora se alcanza la cifra de 150 millones de euros para los dos primeros años y a espensas de poder ser modificado. De hecho una de las dudas de los sindicatos era saber si iban a acudir suficientes proyectos empresariales, como así ha sucedido. Ayer era el día de la constitución de las dos subcomisiones, que dependen de las comisiones de seguimiento. Presididas por Eduardo Fernández Madina, gerente del Instituto del Carbón, sobre todo la primera de ellas no respondió a lo que esperaban los sindicatos. De hecho, Manuel López explicó que «nos entregaron un montón de documentación sobre los proyectos empresariales, becas, formación, infraestructuras¿ Está bien, pero así no se puede hacer una valoración». Por eso, el planteamiento actual es el de ganar tiempo para analizar la documentación y tomar, luego, las decisiones oportunas en la comisión. Pérdida de empleo Respecto a los reajustes producidos por la pérdida de empleo, López señaló que sería más conveniente que se llevaran a cabo cada dos años. Este apartado también es materia de la comisión por lo que sólo se trato acerca del documento. Hubo más críticas con referencia al criterio introducido por el Gobierno para la concesión de becas, considerado injusto y que hará perder estas ayudas a un buen número de hijos de mineros. Otro desencanto llegó por lo que las centrales consideran escasa fuerza por parte del Gobierno para definir y delimitar qué compromisos han de cumplir las empresas.