Diario de León

La pérdida de poder adquisitivo es una de las consecuencias que afectará a 1.750 trabajadores

Los veterinarios se movilizarán para exigir mejoras para todos los sanitarios

Exigen a la Junta que acate la nueva ley de carrera profesional y piden más plazas para los servicios oficiales

Un momento del transcurso de la jornada de trabajo del Sindicato de Veterinarios de León

Un momento del transcurso de la jornada de trabajo del Sindicato de Veterinarios de León

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Carlos San Juan - león
León

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Los veterinarios de la provincia leonesa emprenderán diversas movilizaciones desde el inicio del próximo año para reivindicar a la Junta de Castilla y León que acate «de forma correcta» la nueva ley sobre carrera profesional que a partir del próximo mes de enero entrará en vigor y que «excluye» y, por tanto, «perjudica» a unos 1.750 sanitarios de la comunidad -de estos 1.100 son veterinarios-, y de los que 250 pertenecen a la provincia leonesa. De forma concreta, en León se verían excluidos 190 veterinarios y 50 farmacéuticos, junto a personal ATS y médicos. Así lo aseguraron ayer en rueda de prensa el presidente del Sindicato de Veterinarios de León (Sivele), Manuel Martínez, y el presidente del Colegio de Veterinarios de León, José Luis Teresa, tras la clausura de la duodécima Jornada de Trabajo que tuvo lugar ayer en el Hotel Infantas de León y a la que acudieron más de 100 veterinarios de la provincia que acudieron al acto. A lo largo de su intervención, Martínez explicó que la Junta prevé acoger en esta normativa a todo el personal de Sacyl pero «se olvida» del resto de personal sanitario de la comunidad que no pertenece a éste «cuando la propia ley sí lo incluye». Para evitar esto, además de las movilizaciones, tanto el sindicato como el colegio de veterinarios de León llevarán a cabo otras medidas. Entre ellas, reclamarán a todos los partidos políticos que incluyan en su programa electoral de las elecciones del próximo mes de mayo el reconocimiento de la carrera profesional para todos los sanitarios, al entender que se trata de un «derecho» reconocido. Además, según manifestaron, ya han comenzado a realizar los estudios pertinentes para reclamar este «derecho» por procedimientos jurídicos. Tal y como explicó Martínez durante la rueda de prensa, la nueva normativa «consiste en el reconocimiento público, expreso e individualizado del desarrollo profesional alcanzado según su experiencia y conocimientos», entre otros; lo que determinará el incremento de incentivos y la situación laboral que corresponde a cada uno de los trabajadores implicados.

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