Los propietarios forestales reivindican compensaciones por la absorción de CO2

La Asociación Forestal de León reclama compensaciones económicas por el aire que purifican los espacios arbolados que gestiona en la provincia leonesa. Asfole, que representa a más de mil cien propietarios forestales, se une así a la propuesta de lanzada por un ayuntamiento de Segovia, que exigía una repercusión económica a cambio de la «descontaminación» del aire a la que contribuye con las extensiones de pinares que gestiona este municipio del centro peninsular. «Creemos que es una reivindicación acorde, apropiada y justa con la función de realiza la superficie arbórea que gestiona Asfole», explica Ángel Atienza, presidente de esta asociación leonesa que protagoniza un hecho poco común en la economía de León: la unidad de gestión para mejorar los resultados económicos. La entrada en el reparto de beneficios por la extracción de CO2 se justifica desde Asfole «por la labor de limpieza atmosférica que, los propietarios forestales, públicos y privados, se mantienen al margen del comercio de los derechos de emisión de CO2. Si se toma en cuenta que la tonelada de anhídrido carbónico tiene un precio de entre 20 y 30 euros, se puede observar un negocio de 9.000 millones de dólares en la Unión Europea», valora el directivo de la unión forestal leonesa. Las masas arboladas fijan entre 3 y 15 toneladas de anhídrido carbónico. Asfole recuerda que estas superficies en León absorbieron 22,6 millones de toneladas en la última década. Conforme a esos parámetros, y a la relevancia que los montes privados y montes privados de uso público en León, este territorio debería recibir compensaciones de 35 millones de euros -como mínimo-. «Desde Asfole solicitamos la implicación de las administraciones públicas y de las empresas que comercian con los derechos de emisión de los propietarios de los montes. Es esencial que se incentive y se ayude al mantenimiento, la mejora y conservación de las masas forestales, que creemos como un bien social que no está suficientemente reconocido», valora Atienza, que, de otra forma, interpreta próximo el abandono de estas superficies ante la imposibilidad de sus dueños de lograr medios adecuados para su gestión. El responsable de esta asociación forestal, que aglutina tanto a juntas vecinales como a propietarios privados de montes, simplifica la reivindicación por el principio de «quien si contamina paga, quien descontamina debe recibir algún beneficio». La superficie forestal de la provincia leonesa crece sin parar desde hace dos décadas; ahora, por encima del millón de hectáreas, cuenta con alrededor de 500.000 arboladas. Más de una cuarta parte están gestionadas directamente por la Asociación Forestal de León.