El campo espera un aluvión de denuncias en mayo del 2007, tras el proceso de legalización de cuadras

Algunas organizaciones agrarias leonesas comienzan a extender un mensaje contra «la idea de criminalizar al campo», ante la tendencia creciente que ve en el agricultor o ganadero leonés como colectivo infractor. Sometido al rigor de nuevas normas de actuación, incluidas dentro de la condicionalidad que impone condiciones para recibir las ayudas europeas de la nueva PAC, el colectivo de ganaderos leoneses se acostumbra a convivir con la situación «de recibir de vez en cuando la visita de la Guardia Civil». Los dirigentes campesinos prevén que la frecuencia se va a intensificar a partir de mayo del 2007, cuando debe entrar en vigor la nueva ley de ámbito autonómico que desarrolló la Junta para ajustar la situación legal de las explotaciones ganaderas en cascos urbanos. «Nos vamos a enfrentar a una cascada de denuncias que no nos van a causar más que problemas y que no serán más que otra forma de presión para se produzcan más abandonos de actividad en el mundo rural», acuerdan a vaticinar las organizaciones agrarias. El preocupación del sector toma más cuerpo ante el pírrico porcentaje de cuadras que han iniciado el proceso de regularización, abierto ya hace año y medio. Cinco mil cuadras están afectadas por el proceso. Mientras llega el momento, los ganaderos comparten riesgos de recibir sanciones por la identificación de los animales, las condiciones de transporte, el lugar en el que se asienta la explotación o el tipo de medicamentos que emplean para la cura de enfermedades del ganado. Por asuntos como esos, el Seprona ha elevado este año más de ocho centenares de denuncias.