Los profesores leoneses podrán aplicar medidas correctoras sin abrir expediente

El aumento de la violencia escolar y la publicidad que están dando los medios de comunicación a estos casos ha llevado a las administraciones competentes en materia de educación a plantearse una nueva normativa que regule los derechos y deberes de los alumnos. En León, la legislación que todavía sigue vigente es del año 1995 y, por lo tanto, se presenta con tintes obsoletos a los comportamientos díscolos que se producen en los colegios públicos de la provincia. En este sentido, los sindicatos de León demandan a las instituciones que doten al profesorado de una mayor autoridad moral que les permita sancionar in situ a los estudiantes que cometan una infracción grave. La Junta de Castilla y León ha recogido esta reclamación del profesorado leonés, y propone una nueva regulación autonómica de los comportamientos del alumnado y de sus padres y tutores. En principio, sólo se han definido las líneas básicas del futuro decreto, aunque, según el calendario de actuación que maneja la Consejería de Educación, está previsto que en el transcurso de este año se redacte el articulado que dé forma al nuevo dictamen. La Administración autonómica pretende, con este proyecto, reforzar la autoridad de los 5.200 profesores que actualmente imparten clase en los centros públicos de León. Además, el pedagogo podrá aplicar medidas correctoras de aplicación inmediata, sin que sea necesaria la apertura de un expediente disciplinario. Así las cosas, se simplificarían los plazos implícitos al procedimiento que actualmente se está ejecutando. Del mismo modo, y como medida complementaria a las sanciones, se introducirán disposiciones reeducativas que irán acompañadas de una investigación sobre el perfil de los estudiantes que presenten comportamientos alterados de forma reiterada. Los padres también educan La aplicación de esta normativa, que se prevé ya para el 2008, dota, también, de un mayor protagonismo a los padres, que tendrán que comprometerse por escrito a cumplir los acuerdos reeducativos que deriven de los incumplimientos conductuales, si al final se publica el decreto. Apoyo sindical Los sindicatos mayoritarios de la provincia de León apoyan la sugerencia de la Administración autonómica y valoran positivamente la resolución que concede mayor autonomía al colectivo del profesorado. «Estamos de acuerdo con los apartados planteados, pero creemos necesario insistir en dos de los puntos que, según nuestra opinión, más repercutirán en la mejora de las situaciones de acoso y violencia escolar», explica la presidenta de Anpe en Castilla y León, Pilar Gredilla, quien asegura que el profesor tiene que tener el suficiente peso para transmitir valores y conductas. «Los padres son los principales agentes socializadores de sus hijos y no pueden eludir su responsabilidad dejando en otras manos la tarea educativa que les corresponde», matizó la responsable sindical, en relación a la implicación familiar en la formación de sus hijos. Por otro lado, el responsable de educación dentro del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza de León (Stele), Carlos Cadenas, cree que la decisión de implantar medidas correctoras con carácter inmediato va a redundar en que disminuya la agresividad en las escuelas. Opinión que comparte Jesús López, portavoz de UGT en materia de enseñanza, que, sin entrar a valorar la propuesta de la Administración autonómica «porque todavía no se ha concretado, se muestra a favor de que las instituciones refuercen la autoridad de los maestros «para que el aprendizaje avance». En esta misma línea, Jesús López, afirma que las administraciones tienen que crear límites para que los jóvenes se acostumbren a que no está todo permitido. «Los padres son los responsables de la educación de sus niños, por lo que es preciso que se aumente este compromiso», finalizó.