Las consultas al servicio de inmigración de UGT se multiplican por 70 en diez años El PSOE califica de «excluyente» la política municipal en inmigración

El Departamento de Inmigración de UGT atendió el año pasado las consultas de 7.100 inmigrantes, lo que supone haber multimplicado por más de 70 las cien consultas que se realizaron hace una década, en 1997. El secretario provincial del sindicato, Arturo Fernández, se mostró ayer partidario de recibir a los trabajadores extranjeros «con apoyo, aunque con un orden», y criticó con dureza las quejas de la concejala de Bienestar Social, Ana Guada, por manifestar que en los últimos años se estaba produciendo «una avalancha» de inmigrantes. «Estas manifestaciones provocan una alarma social que no se corresponde con la realidad», explicó Fernández, quien recordó que los trabajadores extranjeros realizan por lo general trabajos que son rechazados por el colectivo nacional, y que también contribuyen con sus impuestos a la sociedad en la que participan. A la hora de hacer balance del servicio de inmigración, la técnico Sonia Castrillo indicó que el año pasado habían atendido 7.100 consultas, y que a lo largo del ejercicio se habían iniciado 2.743 expedientes de regularización de inmigrantes. De este total, 1.455 corresponden a hombres y 1.288 a mujeres. Nacionalidades En cuanto a las nacionalidades de los principales usuarios del Departamento de Inmigración del sindicato, explicó que algo más de un millar corresponden a ciudadanos marroquíes, el colectivo más numeroso. Le siguen los colombianos (en total 439), y los dominicanos (256), seguidos de los ecuatorianos (201). Por lo que se refiere al motivo por el que los ciudadanos extranjeros realizan las consultas, Castrillo destacó que en 877 casos habían acudido al servicio para tramitar un servicio de residencia y trabajo inicial; mientras que en 778 casos se trataba de gestionar las renovaciones de los permisos. Las reagrupaciones familiares centraron casi 300 consultas; mientras que la tramitación de las tarjetas comunitarias fue menor, un total de 32 casos. Las consultas de los inmigrantes se han multiplicado de manera especial en los últimos dos años, después de superar el millar anual a partir del 2003. Los sectores en los que trabajan fundamentalmente los inmigrantes que llegan a León son la agricultura y ganadería, construcción, hostelería y servicios (domicilios y atención a mayores sobre todo), según explicó Miguel Ángel Cueto. El técnico de inmigración explicó que en el último año se ha detectado también una fuerte demanda en la zona del Bierzo para la contratación temporal en las vendimias. Búlgaros y rumanos Por otro lado, en apenas una semana el Departamento de Inmigración de UGT ha recibido 145 consultas de ciudadanos búlgaros y rumanos, que desde el pasado uno de enero son miembros de pleno derecho de la Unión Europea. Un centenar de las consultas corresponden a ciudadanos búlgaros, que han solicitado en total 53 tarjetas comunitarias; mientras que los rumanos han solicitado ya 35. España ha aprobado un periodo transitorio de dos años para aplicar la libre circulación de trabajadores de estas dos nacionalidades, por lo que en principio búlgaros y rumanos deben llegar con un contrato de trabajo. Sin embargo, como países miembros de pleno derecho los ciudadanos pueden instalarse en España libremente para desarrollar un trabajo por cuenta propia, realizar estudios o tener un permiso de residencia sin afanes lucrativos. Integración. Esta fue la palabra más repetida ayer por la concejala socialista Teresa Gutiérrez para hablar del reglamento del Consejo Municipal de Inmigración, que fue aprobado en la sesión plenaria del pasado 13 de noviembre. Según la edil, esta propuesta es «discriminatoria» y «excluye» a este colectivo, por lo que, anunció, su grupo político ha presentado una serie de alegaciones encaminadas a corregir la sugerencia inicial. «Se nota que el documento está muy poco trabajado», explica Teresa Gutiérrez, a la vez que asegura que el Ejecutivo que preside Mario Amilivia quiere crear un órgano de control para vigilar el cumplimiento de los deberes de la población inmigrante. «Este punto no es más que una muestra de discriminación, por tanto proponemos que se elimine y que la vigilancia se ejerza de la misma manera que con el resto de la ciudadanía leonesa, con independencia de su origen», concreta la concejala, quien manifiesta que incidir en que un colectivo determinado supone necesidades específicas «no hace más que dificultar la adaptación de estas personas y agravar los prejuicios de una sociedad excluyente». Llegados a este punto, desde el Partido Socialista creen que se debe concienciar a la sociedad sobre la existencia de la realidad de la inmigración como hecho cultural, económico y social. En cuanto a la composición del Consejo, Teresa Gutiérrez recomienda incluir a la Administración educativa, «ya que es en gran parte responsable de la integración del alumnado y, por lo tanto, también de sus familias». En la misma línea, las funciones de este órgano, según las reivindicaciones socialistas, deben resolverse en la canalización y recepción de denuncias de conductas, acciones y actuaciones que busquen la marginación. Finalmente, la edil abogó por impulsar la participación de este sector en la vida pública de la provincia y solicitó al Ayuntamiento que informe de los proyectos que van a ser objeto de aportación económica con cargo a las arcas municipales. En cuanto a las actuaciones encaminadas a desarrollar iniciativas que mejoren la situación de la población inmigrante, Teresa Gutiérrez denuncia que no se ha hecho nada desde el 2005, y exigió al Ayuntamiento que presente proyectos ambiciosos para que se les puedan destinar fondos públicos.