CC.OO. sacará a los mineros a la calle si no hay avance social del Plan del Carbón La baza de los salarios Ni salarios, ni recolocaciones, si subcontratas

Ni un avance en los acuerdos de recolocaciones y nuevos empleos, revisiones salariales, regulación de subcontratas,... Un año después de que se firmara el Plan del Carbón 2006-2012 (ya con cierto retraso) el Ministerio de Industria sigue siendo el centro de negociaciones interminables que tienen bloqueada la puesta en práctica del grueso de los acuerdos pactados entonces para la reestructuración del sector minero. Especialmente en lo que se refiere a los acuerdos sociales, porque las negociaciones están encalladas en las diferencias entre la patronal (Carbunión) e Industria sobre cuestiones de liquidación de ayudas y condiciones de fijación de precios. Una situación que ha llevado a la paciencia de los líderes sindicales al límite, al menos a los de CC.OO., cuyos delegados mineros se concentraron ayer ante la Subdelegación del Gobierno lanzando un aviso para navegantes. «Defenderemos las cuestiones legítimas de la patronal, las que están fijadas en el plan, pero no vamos a permitir que sus exigencias impidan que se cumplan los acuerdos alcanzados en materia de empleo y salarios», explicó el secretario provincial de la Federación Minerometalúrgica, Alberto González Llamas. En la concentración participaron también Juan Carlos Liébana, coordinador estatal de Minería; Pedro Monasterio, secretario regional y Rufino Ordóñez, de la federación estatal. González Llamas advirtió que la situación es tal que «cualquier movimiento puede lanzarnos a la calle sin que hayamos tomado nosotros las iniciativas. Y no vamos a permitirlo, porque hay antecedentes. Por eso vamos a ir enseñando los dientes». El sindicato ha condicionado la convocatoria de movilizaciones (en las que de momento no participa el otro sindicato mayoritario, UGT) al resultado de la reunión convocada para el día 26 con el secretario general de la Energía, Ignasi Nieto. El secretario provincial criticó también al ministro de Industria, Joan Clos, por un lado por la «falta de dirección política» en su cartera y por haber pasado por León sin hacer una sola referencia al sector minero. «Que las empresas se libren mucho de sacarnos a la calle por sus únicos intereses». Los dirigentes de CC.OO. se huelen que la historia se repita. Las empresas mineras pretenden arrancar compromisos claros a la administración sobre las ayudas exactas que cobrarán en los próximos años, y condicionan cualquier avance a un marco de seguridad que los sindicatos comprenden, pero al que ponen límites. A mayores está la polémica de la fijación de los precios del carbón suministrados a las centrales térmicas. MSP y Uminsa suspendieron desde principio de año el suministro a Compostilla al aferrarse las eléctricas a un reducto abierto por el Ministerio de Industria sobre la fijación de un precio máximo en función del mineral de importación, en lugar de una tarifa mínima como ocurría hasta ahora. No hubo acuerdo sobre los precios del 2007 y el carbón dejó de llegar a la térmica. Ahora la negociación se retoma, salvado el intento del ministerio, pero el acuerdo sobre el precio no está claro. El año pasado la misma negociación acabó bloqueando el salario de los mineros de la empresa de Victorino Alonso, que salieron a la calle a reclamar lo suyo. Ahora advierten que no están dispuestos a ser moneda de presión para intereses que son más de la empresa que suyos. Sólo las prejubilaciones. Es lo único que han cumplido las empresas mineras de lo pactado en el Plan del Carbón, mientras los sindicatos siguen exigiendo que se pongan en marcha de una vez las recolocaciones y que se cubran los nuevos puestos de trabajo comprometidos. Las subcontratas, que siguen acumulando buena parte de las tareas que dejan libres los prejubilados, son también caballo de batalla: «Los trabajadores subcontratados hacen el mismo trabajo que los mineros, pero sus condiciones son mucho peores», denuncia González Llamas. Además, según el líder sindical, el bloqueo de las cuestiones entre empresas y ministerio no tiene por qué frenar la negociación pendiente de los convenios colectivos, ni la subida salarial pactada que tenía que estar ya en los salarios de los trabajadores: un 2% más algunas correcciones acordadas en el plan. En otras provincias, al menos la revisión se ha cumplido.