Una leonesa exige que le devuelvan a sus hijos, adoptados sin ella saberlo

Una joven residente en una localidad del Valle de Laciana sostiene desde el año 2003 una complicada batalla legal para recuperar a sus cuatro hijos, después de que la Junta de Castilla y León decidiera entregarlos en adopción a dos familias de Palencia y Valladolid, separados en dos parejas, sin que según su progenitora, se le notificase que se iban a adoptar tales medidas. A lo largo del proceso, ha llegado a solicitar incluso el amparo de la Casa Real y del Procurador del Común. Los hechos se iniciaron en el año 2002. La joven contaba apenas 23 años de edad cuando comenzaron los problemas. Según María Cruz Álvarez Durández, la abogada de la capital que actualmente representa a la damnificada, el matrimonio del que formaba parte, se disolvió por un supuesto de malos tratos, según sentencia dictada en el año 2002. «La versión del Código Penal que se aplicó en aquel caso consideraba que la pena que procedía era la misma que se aplica ahora en un juicio de faltas, una multa y poco más» sostiene la abogada, por lo que la víctima decidió, por motivos de seguridad, huir del domicilio común, y dejar a los niños bajo la custodia del padre. El cabeza de familia, siempre de acuerdo a la documentación existente, entregó los menores a la administración autonómica. El mayor de los niños tenía seis años de edad en aquella época. En noviembre de 2002, se les declaró susceptibles de adopción, de dos en dos por prescripción de un psicólogo. El padre consintió inicialmente el trámite, pero no lo ratificó, con lo que legalmente, no se podía proceder a entregarlos en adopción. Durante este tiempo, la madre no dejó de ver a sus hijos, según consta en los informes emitidos por la Junta, a los que ha tenido acceso este periódico, y que reflejan que las visitas fueron periódicas. Ya no estaban A principios de abril del 2003, la madre acudió un día a visitar a los pequeños al centro de acogida de la Junta. Se le comunicó que los niños ya no se encontraban allí y que no se podía facilitar más información. El primer intento de conseguir una solución por vía judicial a través de un abogado de Madrid, fracasó. El letrado se oponía rotundamente a la resolución de la Junta, pero finalmente, alegando problemas personales y después de un año, renunció a seguir en el caso. La madre de los pequeños solamente pudo comprobar que los niños no figuraban en el Registro Civil de León. Hasta la Casa Real Cuando los problemas se agravaron, la abuela de los retoños, de un año de edad el más pequeño, se dirigió a la Casa Real, que conminó a la Junta de Castilla y León a que ofreciese una explicación. Fue cuando desde Valladolid, se supo por primera vez que los niños habían sido adoptados. En medio de todo este proceso, Javier Amoedo, Procurador del Común, ha recibido hasta tres comunicaciones de la familia para que haga valer su mediación, con el objeto de hacer luz en el asunto. «Le han contestado en enero, pero siguieron sin facilitarle las información que necesitábamos», insiste Álvarez Durández. La joven ha podido presentar la demanda de extinción de la adopción, tras conocer en qué juzgados se había tramitado la adopción. Finalmente en febrero del 2007, y tras recurrir un auto, la demandante ha conseguido también que la Audiencia Provincial de León exigiera a la administración que se notificase el juzgado mencionado.