Menos guardia y más civil

El Gobierno dio luz verde a dos proyectos de ley que desembocarán en el reconocimiento a los guardias civiles del derecho a formar asociaciones profesionales reivindicativas y en una notable suavización de su régimen disciplinario. La reforma, que el Ejecutivo acordó este viernes remitir a las Cortes para su tramitación, desterrará las sanciones de arresto que aún recaen sobre los agentes por faltas disciplinarias, y limitará la aplicación del Código Penal Militar a tiempos de guerra o al cumplimiento estricto de misiones castrenses. Los proyectos de ley de Derechos y Deberes y Régimen Disciplinario de la Guardia Civil revestirán por primera vez de legalidad el derecho a asociarse de los agentes de este cuerpo de naturaleza militar, algo que ya es una realidad fáctica amparada incluso por el Tribunal Constitucional. El régimen jurídico por el que se regulará este derecho será similar al de otros colectivos como los jueces, magistrados y fiscales que por razón de su oficio tienen limitados algunos derechos constitucionales. No habrá derecho a huelga Estas reformas no ampararán las actividades que, por esos mismos motivos, les están expresamente vedadas, como son las de carácter sindical, el derecho a la huelga, la negociación colectiva o la adopción de medidas de conflicto colectivo. Los requisitos establecidos para crear esas asociaciones serán similares a los exigidos con carácter general, y una vez constituidas podrán obtener subvenciones públicas e incluso celebrar reuniones en centros oficiales de la Guardia Civil. La nueva normativa consagrará dentro del instituto armado los derechos a la igualdad entre hombres y mujeres, de reunión y de manifestación, de libre expresión e información, a la intimidad y a la libre circulación. Crea, además, el Consejo de la Guardia Civil, órgano colegiado formado por representantes de los agentes y de la administración para mejorar las condiciones de trabajo y el funcionamiento de la institución. Los agentes podrán elegir a sus delegados en el Consejo mediante la elección directa. Ese catálogo de derechos se complementa con otro de obligaciones, que empieza con el deber de acatar la Constitución e incluye el respeto a la jerarquía, la subordinación y que el uso de la fuerza en el ejercicio de sus funciones sea siempre legítimo. Además, enumera una serie de incompatibilidades y obligaciones profesionales como la residencia y el sometimiento a reconocimientos médicos para determinar su aptitud para el servicio. La reforma suprime figuras jurídicas cuya aplicación el Gobierno cree