Más de mil guardias civiles han sido encarcelados por faltas administrativas

Asunción dejó su servicio un momento para felicitar las navidades a sus compañeros. Miguel comió un bocadillo en una sala no destinada para ello. María José se negó a realizar un control de alcoholemia en una zona peligrosa. Jesús y sus compañeros accedieron a las súplicas de vigilancia familiar de un concejal en el País Vasco. Otro agente se negó a cortar el césped del cuartel. Todos ellos ingresaron en una prisión militar. Forman parte del colectivo de 1.027 guardias civiles que entre 1990 y el 2004 fueron encarcelados por faltas administrativas realizadas en su trabajo policial, según consta en el libro La cara oculta de los policías en España. Riesgos psicosociales en la actividad policial , que ayer fue presentado en León. Manuel del Álamo, autor del informe junto con Fernando Carrillo y Sonia Ruiz, recordó ayer que policías y guardias civiles son trabajadores, «una obviedad que no lo es tanto si se tiene en cuenta que sus derechos no son los mismos que los de los demás». También incidió en que el sector tiene riesgos específicos, que en el caso de los guardias civiles se ven agudizados por estar sometidos a una disciplina militar que en opinión de los autores no tiene sentido hoy en día. El libro fue presentado en la sede de CC.OO. con la presencia del secretario regional del sindicato, Ángel Hernández, y del secretario provincia, Ignacio Fernández. Hernández exigió al Gobierno que modifique las estructuras de unos estamentos «con circunstancias especiales, pero cuyos derechos, incluidos los sindicales, deben ser respetados». También reclamó que se levanten las sanciones contra los agentes que han protestado por su situación, porque «son injustas y están sacadas de cualquier contexto democrático». Desde el sindicato se destacó la labor de los sindicatos policiales, como la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que cuenta con la participación de 700 de los 1.200 agentes con que cuenta actualmente la provincia de León; y que pretende cambiar su definición actual de asociación cultural por la de asociación sindical. Fernando del Álamo recordó cifras alarmantes que reflejan la situación de estos trabajadores: en la última década uno de cada diez agentes ha intentado suicidarse; además se han concedido 17.000 bajas por motivos psicológicos, y 4.000 prejubilaciones se han justificado por estos mismos motivos. Los autores calculan que los transtornos psicológicos han provocado la pérdida de seis millones de jornadas laborales, y de 500 millones de euros. «El binomio civil-militar está en la base de la mayor parte de las bajas psicológicas. Ahora estamos contentos porque se abre un nuevo marco jurídico y legal, pero es mucho el trabajo por hacer», concluyó.