La jueza paraliza de forma inmediata las obras de ampliación del aeropuerto

La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Léon, Rocío González Boñar, ha ordenado la inmediata paralización de las labores de extracción de áridos realizadas por la ute encargada de ejecutar las obras de ampliación de la pista del Aeropuerto de León por considerar que carecen de la «debida autorización administrativa», según se recoge en el auto dictado el pasado martes por la tarde, en el que también se exige «proceder de inmediato a dejar la zona en condiciones de seguridad». El pronunciamiento llega a raíz de la denuncia por desobediencia de la Resolución de 27 de junio del 2007 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, que ordenó la paralización inmediata de la extracción de áridos «ya que no se había presentado autorización alguna para llevar a cabo tal actividad», según confirmaron ayer fuentes de la consultora a este periódico. Según la denuncia interpuesta por la consultora Ecourban en nombre de los titulares de casi 300 hectáreas cuyas propiedades están siendo invadidas de forma ilegal, según fuentes de la asesoría, para abrir una pista forestal que permita transportar la zahorra desde la base Conde de Gazola del Ferral hasta las instalaciones del aeropuerto, en contra de la Ley de Minas, la Ley de Prevención Ambiental, y la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Posibilidad de recurso Concretamente, la resolución judicial, que no es firme ya que es posible la interposición de recurso de alzada en el plazo de un mes, ordena la paralización de las labores en el polígono 49, parcela 1, de la localidad de La Virgen del Camino. A efectos prácticos, las obras de ampliación de la pista están paralizadas desde la tarde del pasado martes y la situación puede alargarse de forma indefinida. En paralelo, la Delegación Territorial de la Junta ha notificado la suspensión de los expedientes sancionadores incoados a la ute por esta infracción al apreciarse que podrían ser constitutivos de delito por lo que ha trasladado la denuncia al Ministerio Fiscal. Además, siguen tramitándose otra serie de denuncias por incumplimiento de la Ley de Montes, de la Ley de Urbanismo, de la Ley de Prevención Ambiental, de la Ley de Carreteras, que tendrán que ser resueltas por las distintas administraciones competentes.