Los ecologistas exigen que se vigile el uso del veneno contra los topillos
Las asociaciones ecologistas han pedido al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que extreme la vigilancia sobre la masiva distribución de veneno para acabar con los topillos, que algunos agricultores están poniendo en práctica apoyados por organizaciones agrarias, según su denuncia. Las organizaciones ecologistas WWF/Adena, Seo/BirdLife, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Fundación Global Nature, Ecologistas en Acción y Ascel han solicitado al Seprona que investigue y garantice la legalidad de estas actuaciones, con las cuales se ha empezado a frenar el avance de la plaga. Esta petición se basa, según aseguraron los conservacionistas en un comunicado, en el enorme riesgo que el uso masivo de este tipo de productos tiene tanto para el medio ambiente cómo para la salud pública. Además, los ecologistas se muestran preocupados por el hecho de que los medios de comunicación publiquen que algunas organizaciones agrarias están distribuyendo distintos tipos de rodenticidas entre los agricultores para combatir a los roedores . En el comunicado público, los grupos conservacionistas también han solicitado al Seprona que recoja muestras de todas aquellas especies silvestres susceptibles de haber sido envenenadas, y que compruebe si las personas que están colocando veneno están autorizadas, respetan las condiciones de seguridad y utilizan el producto establecido. Según han recordado los ecologistas en su denuncia, el uso masivo de veneno es una actividad ilegal puesto que se trata de un método no selectivo que tiene un enorme impacto sobre el medio ambiente, además de un riesgo para la salud humana. El impacto, en su opinión, ya se demostró en el anterior tratamiento con grano envenenado con clorofacinona en el mes de marzo, que afectó a 23 municipios y que causó la muerte de miles de ejemplares de fauna silvestre, entre liebres, palomas bravías, ánades reales y calandrias. Por eso consideran inadmisible que distintos productos altamente tóxicos estén siendo distribuidos masivamente por el campo en más de 600 municipios de Castilla y León, sin el debido control ni precaución para que no se cometan actos ilegales y se afecte al medio ambiente y la salud natural. De ahí que los conservacionistas soliciten al Seprona que investigue y denuncie cualquier irregularidad e incumplimiento de la ley e invitan a cualquier persona que haya sido testigo de estas prácticas a que lo ponga en conocimiento de la Guardia Civil o de cualquier grupo ecologista.