CC.OO. se concentra ante el Ministerio de Industria contra el «chantaje de Victorino Alonso»

Los delegados de la Federación Minerometalúrgica de CC. OO. en el grupo Victorino Alonso de Asturias y Castilla y León, apoyados por los máximos responsables de esta organización, se concentraron ayer ante el Ministerio de Industria en Madrid para denunciar el «constante chantaje de este empresario» a sus trabajadores, cuyo penúltimo capítulo ha sido el despido «injustificado» de 30 de ellos. La Federación Minerometalúrgica de CC. OO. se moviliza, una vez más, para condenar la actitud del grupo Victorino Alonso y exigir que el Gobierno central frene esta permanente situación de «extorsión» a las cuencas mineras. Asimismo, la federación demanda que el Ejecutivo asuma definitivamente su responsabilidad y obligue a cumplir lo pactado entre agentes sociales y Administración en el Plan del Carbón. CC. OO. continuará programando cuantas movilizaciones considere necesarias en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores y la vuelta a la normalidad del sector. Este sindicato no se detendrá hasta erradicar los abusos sin tregua de una patronal «reticente a la paz social e incapaz de respetar las garantías del estado de derecho». Con el fin de analizar la situación de la minería y otros asuntos de actualidad sindical, el Comité Federal de la FM de CC. OO. de Castilla y León se reunió ayer por la mañana en Segovia para, a continuación, mantener un encuentro con el resto de compañeros en Madrid y participar en la concentración. El Grupo Minero Alonso dio el martes cinco días de plazo a los trabajadores que se encuentran en situación de incapacidad temporal para que se presenten ante los médicos de la empresa para justificar su situación de baja. El grupo ha enviado cuarenta cartas a los trabajadores de baja del grupo de los que pueden acogerse a las prejubilaciones. Además, en los próximos días enviará otras 200 misivas al resto de los mineros que se encuentran en esta situación por enfermedad o algún tipo de accidente. La empresa asegura que no pretende tomar represalias contra este colectivo, pero cree que muchos de ellos en realidad llevan una vida diaria normal incompatible con las dolencias que apuntan. También considera sospechosa la cascada de bajas laborales entre los posibles prejubilados.