Civiqus denuncia vertidos ilegales en el río Torío, a la altura de Robledo

El grupo de concejales de Civiqus en el Ayuntamiento de Villaquilambre denuncia «la existencia de vertidos incontrolados en la zona del río Torío, en la localidad de Robledo de Torío, en terrenos propiedad del común de vecinos». Los ediles señala que esta es una actuación agresiva para el medio ambiente que no cuenta con las preceptivas autorizaciones ni con la aprobación de los aprovechamientos privados que se están realizando en esos terrenos públicos. «Es especialmente grave que esos vertidos cuenten con el beneplácito de la junta vecinal, y del alcalde de Villaquilambre, Lázaro García Bayón, que ha pretendido validarlos con una resolución poco clara, por no decir cínica, y, en todo caso indefendible en buen derecho, en virtud de la cual se autoriza, sin más tramites ni condiciones, la realización de una limpieza en unos terrenos de la junta vecinal», declaran los componentes de Civiqus a través de un comunicado. Según el grupo de la oposición esa resolución no puede servir para validar esta agresión medioambiental en la zona del Río Torío, «que por sus valores paisajísticos y medioambientales, debería gozar, como gozó en la legislatura anterior, de la máxima protección». Así, desde Civiqus se exige al actual equipo de gobierno que los vertidos cesen hasta que sean autorizados por todas las entidades con competencia en la materia, «si ello es posible respetando todas las normas medioambientales y urbanísticas». Pero además, desde Civiqus apuntan que esos vertidos generarán beneficios económicos para las empresas que los están realizando aprovechándose privadamente de los terrenos comunales de la localidad, «por lo que es necesario un concurso público, que no se ha hecho, para que esos aprovechamientos se adjudiquen a la oferta más ventajosa para el interés público». Civiqus ha puesto denuncias en Confederación Hidrográfica del Duero, Seprona, Subdelegación del Gobierno, Ayuntamiento y junta vecinal. «Exigimos en el Pleno el cese inmediato de esta actividad contraria las normas medioambientales y la restitución de la parcela propiedad de la pedanía a su estado original, así como el cese de todo aprovechamiento privado de terrenos públicos sin la convocatoria previa de concurso público correspondiente», alegan en el comunicado.