El coste anual del contrato de la basura pasó de 6 a 17 millones en sólo 15 años

A la hora del cierre, el Ayuntamiento de León echó las cuentas sobre el contrato de la basura: empezó «en el año 1992 con un coste de 6 millones de euros al año» y ahora suma «17 millones de euros», con aumentos de «hasta un 20% de un ejercio para otro»; acumula una deuda con la empresa que «ronda los 34 millones de euros, sin contabilizar la actualización del canon del 2005 y 2006»; y obligó al consistorio a «asumir las subidas salariales» pactadas por la sociedad con los trabajadores, que «han llegado en algún caso al 9,7% e incluso al 20%», mientras en el resto de la plantilla se ajustaban al incremento de alrededor del 2,7% del IPC, según detalló la concejala de Medio Ambiente, Humildad Rodríguez Otero. «Los gastos son desproporcionados con relación a las prestaciones actuales», sentenciaron los tres grupos políticos de la corporación, quienes aprobaron por unanimidad la extinción del compromiso con la adjudicataria, Urbaser, y el inicio de la tramitación de un nuevo concurso, en el que «se ajusten condiciones», que deberá estar adjudicado antes del 30 de mayo del 2008. El acuerdo se deriva de la sentencia judicial que declaró nula la prórroga de siete años aprobada durante la anterior etapa de UPL y PSOE en el gobierno, en el año 2004, pese a que la concejala socialista explicó que «la corporación podría haber sido libre para retrotraer el proceso al inicio y recabar el informe del Consejo Consultivo reclamado por el juez, quien señaló que es preceptivo pero no vinculante». Abandonada esta alternativa, que «podría tener mayor daño público que beneficio», el desarrollo del nuevo compromiso de prestación del servicio «requerirá ajustar las prestaciones recibidas, como podría ser la ampliación de los espacios de barrios e incluso la incorporación de nuevas tecnologías». Los pliegos del concurso también recogerán «la necesidad de unificar pagos que no estaban al principio», como es el caso «del establecimiento del canon que se fijó en 1996 y no fue aprobado ni por Junta de Gobierno ni en Pleno», que han terminado por «triplicar el gasto anual del contrato, muy por encima del IPC». Rodríguez Otero avanzó que, tras hablar con la concesionaria el pasado miércoles, el Ayuntamiento constituirá «una comisión de liquidación y reversión de bienes, no de indemnización, en la que se delimite qué pertenece a la empresa y se incorpora a los pliegos del concurso y qué a la administración municipal, según las amortizaciones del material, por las cuales el consistorio paga casi un millón de euros al año». En armonía en el sentido del voto, el PP recordó que «en el 2004 ya se advirtió de que la prórroga era ilegal», por lo que presentó la denuncia que fue atendida por el juzgado, y apuntó que «entonces era cuando se debía haber hecho el discurso de que un nuevo contrato era más ventajoso». «No esperen esta vez a última hora para adjudicarlo», aconsejó María José Alonso, con la vista puesta en el 30 de mayo del próximo año, hasta cuando seguirá con el servicio la concesionaria actual, Urbaser, quien también recibe 6 millones de euros por su participación como socio privado en la empresa mixta de limpieza de interiores constituida durante el pasado mandato.