El Gobierno revisa los pagos a quienes se prejubilaron de manera forzosa antes del 2002
Más de 3.000 prejubilados leoneses verán incrementadas sus pensiones UGT convoca huelga en Correos entre los días 19 y 21
El aumento se consolida con efectos del 1 de enero de este año, según el ministerio
La Seguridad Social incrementará la pensión de jubilación de 3.244 pensionistas de la provincia de León, del total de 23.781 pensionistas de Castilla y León (430.821 en España), que se jubilaron anticipadamente y de manera forzosa antes del 1 de enero del 2002, tal y como se recoge en la Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado miércoles. La normativa equipara a estos pensionistas con quienes lo hicieron con posterioridad y se beneficiaron de la modificación legislativa que entró en vigor a partir del 2002 y que rebajó los coeficientes reductores. Los primeros vieron reducida la base reguladora de su pensión en un ocho por ciento por cada año anterior a la edad ordinaria de jubilación (65 años) hasta un máximo del 40. A partir del 2002 se implantó un sistema gradual que primaba las largas carreras de cotización. Por provincias, estos beneficiarios se reparten entre los 1.447 de Ávila, los 4.276 de Burgos, los 3.244 de León, los 1.561 de Palencia, los 3.446 de Salamanca, 925 de Segovia, 6.557 de Valladolid y 1.518 de Zamora, según informa Ical. La norma publicada ya en el BOE, según asegura en un comunicado el ministerio, «corrige esta desigualdad y dispone una cantidad a tanto alzado, dependiendo de la edad que el trabajador tuviera cuando accedió a la jubilación anticipada, que se integra y consolida en el importe mensual de la pensión con efectos desde el 1 de enero del 2007». 35 años de cotización La Seguridad Social actuará de oficio o a instancia de los pensionistas, de acuerdo a la información que conste en sus bases de datos. Se deberán tener acreditados al menos 35 años de cotización e involuntariedad del trabajador en la extinción del contrato laboral. El texto contempla como causa forzosa de acceso a la jubilación anticipada tanto el despido como el cese de la relación laboral dentro de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Por edades, los trabajadores con 60 años en el momento de la jubilación representan el tramo más numeroso, 17.371 (233.394 en España), que percibirán 63 euros al mes (882 al año); con 61 años hay 3.963 (51.380 en España) beneficiarios que cobrarán 54 euros al mes (756 al año); el siguiente tramo, 4.605 (58.152) jubilados con 62 años, recibirán 45 euros al mes (630 al año); con 63 años, 3.799 (47.104) pensionistas ingresarán 36 euros al mes (504 al año); y por último, a los 3.254 (40.791) que accedieron a la jubilación con 64 años, les corresponderán 18 euros al mes (252 al año). Del total de pensionistas (430.821) que cumplen las condiciones para acceder a la mejora conforme a la información que consta en las bases de datos de la Seguridad Social y que tienen acreditados más de 35 años de cotización, el mayor número se localiza e las provincias de Barcelona y Madrid, 93.001 y 72.256 beneficiarios, respectivamente; a continuación, Valencia (23.671), Vizcaya (20.687), Alicante (14.030), Zaragoza (11.578), Sevilla (11.371) y Guipúzcoa (11.335). Las provincias que registran la cifra menor de pensionistas que se verán beneficiados por la entrada en vigor de esta medida son: Melilla (39), Ceuta (235), Soria (807) y Segovia (925). El sector postal de la Federación de Servicios Públicas de UGT y el Sindicato Libre de Correos han convocado tres jornadas de huelga para los días 19, 20 y 21 de este mes, desde las 0.00 a las 24.00 horas, que «afectará a todas las actividades desempeñadas por los empleados de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos», según explicó el sindicato ayer a través de un comunicaco. Los sindicatos reivindican el incremento retributivo y la eliminación de los desajustes salariales «provocados por la polivalencia del personal, que no ha visto recompensadas sus nuevas responsabilidades». También piden el restablecimiento del diálogo social y la negociación de un nuevo sistema de acceso al empleo en Correos. Consideran que actualmente no se respetan los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. También reclaman la mejora de las condiciones de trabajo y demandan información sobre la posición del Gobierno respecto a la directiva de liberalización del mercado postal europeo, actualmente en tramitación.