Del Olmo no descarta ajustar a la baja la previsión de crecimiento de la comunidad, situada en el 3,2%
La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar Del Olmo, señaló ayer, durante la firma de un convenio en la Diputación de León, que se está estudiando la posible rebaja de las previsiones de crecimiento de la comunidad para el 2008, aunque no será hasta febrero, coincidiendo con la presentación de la contabilidad del 2007, cuando «tendremos unos primeros análisis y diremos si mantenemos las previsiones o consideramos conveniente rebajarlas». En ese sentido, Del Olmo afirmó que «hay que esperar a que se cierre definitivamente el dato correspondiente al crecimiento real del 2007, ya que es un dato fundamental para revisar o no las previsiones de este año». La consejera de Hacienda indicó también que «al elaborar las previsiones en septiembre no se habían desencadenado muchos elementos económicos que ahora estamos conociendo», y recordó que «ya ha habido rectificaciones a la baja de numerosos organismos, desde el Fondo Monetario Internacional a la Eurostat, pasando por el ministro de Economía español, Pedro Solbes, quien el mismo día que se aprobaron en el Congreso los presupuestos rebajó las previsiones para el crecimiento de España del 3,3 al 3,1% por ciento». Por lo que «obviamente tendremos en cuenta todas esas rectificaciones, puesto que la economía de Castilla y León está plenamente interrelacionada con la del resto del país y de la zona euro, e incluso con la internacional, dada la actual globalización económica», concluyó Del Olmo. Adhesión para comprar bienes La visita de la titular de Hacienda sirvió también para rubricar el acuerdo con la Diputación de León, por el que ésta Institución entra a formar parte del sistema de adquisición centralizada de bienes y servicios de la Junta. La principal ventaja del procedimiento estriba en las garantías para ahorrase una importante cantidad a la hora de comprar mobiliario de oficina, aunque también se está estudiando la posibilidad de que puedan adquirirse vehículos o contratar personal de seguridad. La Administración autonómica utiliza este método desde 1999, aunque su uso se ha intensificado con el paso de los años, hasta tal punto de que el importe de las compras efectuadas a través de este sistema se ha multiplicado por cinco en los últimos seis años y en 2007 superó ya los 11,5 millones de euros.