Los funcionarios rechazan la oferta de Justicia y deciden continuar en huelga

Los funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia en León continuarán en huelga «al menos tres días más» tras considerar «insuficiente» la primera oferta del Gobierno tras el inicio de la huelga convocada el lunes pasado para exigir la equiparación salarial respecto a los trabajadores que desarrollan la misma función en comunidades autónomas donde las competencias ya han sido transferidas. El Gobierno oferta una mejora salarial de 180 euros que según las centrales sindicales «está lejos» de los 240 euros que por término medio entienden las centrales sindicales que perciben sus compañeros de otras autonomías. La decisión se anunció en la asamblea que poco después del mediodía se celebró en la sala de matrimonios de los Juzgados de la capital. Los 180 euros que ofrece el Ministerio, según explicó Javier Fuente (CC.OO) se concretan en 40 euros mensuales en 2008, 50 a partir del 1 de enero de 2009, 40 en julio de ese año y otros 50 en enero de 2010. La variación que ofreció el ministerio a los sindicatos es que los 50 euros que se cobrarían a partir del 1 de enero del próximo año tendrían carácter retroactivo respecto a 2008, lo que supondría una paga única de 600 euros. No es sólo por dinero Esta propuesta ha sido valorada por los representantes sindicales pero «está lejos» de su reivindicación porque, a su juicio, no sólo es un «conflicto retributivo lo que está encima de la mesa» sino que el Ministerio tiene que entender la «homogeneidad» de las condiciones laborales de los trabajadores de la Administración de Justicia de todo el Estado, apuntaron representantes de las centrales sindicales desde Madrid. Tras realizar una rápida votación a mano alzada, los huelguistas leoneses decidieron continuar con la huelga y poner en marcha un calendario de movilizaciones reforzadas de cara al fin de semana, en vista de que Ministerio de Justicia y sindicatos han decidido proponerse mutuamente una segunda reunión antes de sábado, aunque no se han acordado los términos exactos del nuevo contacto. Los sindicatos nacionales calculan que a estas altura de la huelga se han suspendido ya cerca de 8.000 juicios en las comunidades que permanecen paradas, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias. Proponen que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, medie entre Justicia y Hacienda para facilitar una solución.