«El gran reto es lograr la protección a la salud de los trabajadores »

La Familia Real clausurará el I Congreso Iberoamericano de Derecho en el Trabajo y Seguridad Social, que se celebrará en León los próximos días 10, 11 y 12 de septiembre, en el Hostal de San Marcos de la capital. El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, el leonés Javier San Martín, está orgulloso de poder organizar una experiencia de estas características. -¿Por qué este congreso y por qué en León? -Esta idea nace a raíz de unas conferencias a las que me invitan en Argentina y Paraguay en el año 2004 para aportar sugerencias a una Constitución de Iberoamérica en materia laboral. Allí conozco a una serie de personalidades y cuando empezamos a analizar el fenómeno de la inmigración nos damos cuenta de la importancia que tiene el colectivo de Graduados Sociales en este contexto. La normalización de los primeros 500.000 extranjeros que llegaron al país se realizó en un 70% a través de colegiados nuestros y nos confirmó que más de un 60% de la inmigración procedía de Sudamérica. Como consecuencia de todo ello, se nos ocurrió que sería bueno traer a España una iniciativa de estas características. -¿Ya se van confirmando las primeras personalidades? -Vendrá el vicepresidente del gobierno de la República Dominicana, que es un abogado laboralista y dos ponentes por cada país iberoamericano para exponer sus políticas laborales. Abogados polacos e italianos, graduados sociales franceses... Será una experiencia mundial prácticamente. Puede ser un congreso muy importante, máxime con la presencia confirmada de la Casa Real, bien sean los Reyes o los Príncipes para los actos de clausura. Es un congreso de mucho nivel. -¿Se quiere abordar algún aspecto concreto? -El gran reto de los países desarrollados es la protección a la salud de los trabajadores. Necesitamos un trabajo seguro, digno y con futuro. El lema será precisamente ese desafío. En España hay algo tremendamente injusto: nos hace falta una ley integral, para evitar que un mismo caso se pueda abordar hasta en cuatro jurisdicciones diferentes. Queremos que el accidente de trabajo se vea en el orden social y en el orden Penal exclusivamente; que así el empresario pueda desarrollar su labor sin temor a recibir una condena de prisión y que en todo caso se castigue al que delinque a propósito pero no se castigue con penas de prisión al que comete una infracción. Debería de modificarse el artículo 316 de Codigo Penal en ese sentido. La legislación actual sanciona severamente al empresario y ello no corrije las cifras de siniestralidad. -¿Hay ya un guión previo del congreso, para saber cuáles van a ser los principales aspectos que se van a tratar? -Se celebrará los días 10, 11 y 12 de septiembre. Los dos primeros días van a ser de un trabajo especialmente intenso con talleres de trabajo y conferenciantes de toda Iberoamérica, y el último será un día más light con una cena de gala en la que estarán presentes los representantes de la Casa Real. Vamos a contar con el presidente del Tribunal Supremo que ostente el cargo para entonces, la Sala del Tribunal Supremo, los presidentes de sala de lo Social, catedráticos y abogados laboralistas de primer orden, a pesar de que las instituciones locales no nos han apoyado para nada. El mayor apoyo ha venido del Gobierno . -¿Hay posibilidad de mejorar la legislación española con algunas de las leyes que se van a explicar esos días durante el congreso? -La interpretación de algunas leyes sudamericanas es muy atractiva para nosotros, porque tienen un gran sentido de la honestidad laboral. Las conclusiones que saquemos serán aportadas al Ministerio de Trabajo y del mismo modo ellos se aprovecharán de nuestras experiencias. -¿La labor del graduado social español y el iberoamericano es similar? -El graduado social español nace en 1956 y es un profesional que no sólo gestiona las relaciones laborales, sino también las nóminas, las cotizaciones y todo el servicio público. Además también trata el apartado procesal y con la misma equiparación que cualquier otro profesional. En Iberoamérica no tienen acceso a los juzgados, tienen un papel más secundario. -¿Qué función desempeña su colectivo ahora mismo? -El 80% de los empresas de menos de 25 trabajadores, que son casi un millón en España, tienen al graduado social como «gerente» prácticamente. Nuestro conocimiento del derecho viene de la gran gestión de pequeñas empresas que desarrollamos. Hay 75.000 empleados en nuestros despachos, y es una fuerza muy importante. -Desde fuera da la sensación de que son ustedes los grandes desconocidos del sector social ¿no? -Somos una profesión joven, llevamos 50 años en el mercado pero a pesar de ello, se nos conoce. Posiblemente deberíamos estar más reconocidos, pero no tenemos la presencia que tienen otros colectivos como los abogados, por ejemplo. En la apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo invita a los Magistrados del TS y a los presidentes de las profesiones jurídicas. Desde que yo he tomado posesión, también se nos invita a nosotros, y ahora estamos presentes Notarios, Registradores, Abogados, Procuradores y Graduados Sociales. -En clave de actualidad, qué opina el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales respecto a las últimas novedades en el Estatuto del Trabajador Autónomo? -Sirve solamente para calmar a las asociaciones de autónomos y es más un tema político que jurídico. Declara intenciones pero lo único que ofrece es cifras para que los Gobiernos puedan usarlas. El trabajador autónomo dependiente, según este estatuto, trata sus asuntos en la jurisdicción social y no en la mercantil, como antes. -Las reformas laborales siguen sin satisfacerle... -Son muy blandas. No se ha abordado una reforma a fondo, faltan decisiones valientes y el despido sigue siendo muy caro, estamos en niveles altísimos respecto al resto de Europa. Es difícil generar empleo si no es a 33 días de indemnización. También se ha modificado la Ley de la Seguridad Social, pero no se puede establecer una pensión de jubilación residual, sino que necesita unos criterios de rentabilidad para el jubilado de tal forma que pueda mantener su status. Lo mismo con la pensión de viudedad, que exige cifras menos frías y provoca corruptelas. Hay que abordar la reforma inmediata de las Trabajadoras del Hogar, que está pendiente. Lo que se hacen no son reformas, son parcheos. La asistencia sanitaria actual no tiene medicina preventiva, sólo tiene la curativa, y no es suficiente. -Más de una vez ha advertido sobre la necesidad de proteger a la empresa ¿verdad? -Está injustamente tratada por el derecho del trabajo. No son lo mismo los derechos de un trabajador de una gran empresa y los de una pequeña. El embarazo de una trabajadora no afecta igual a una tienda que a un centro comercial. El motor de este país es la micro empresa y hay que cuidarla más. La prevención de riesgosno se está mejorando. Los niveles absolutos son los mismos, lo que aumenta son los puestos de trabajo, pero la cifra de accidentes no baja y desenmascara un empleo de mala calidad. -¿En qué situación se encuentra el colectivo? -Crece cada vez más. Hay un consejo muy unido, con unas ideas muy claras, apoyo al consejo al 100% y reivindicaciones históricas como el recurso de suplicación que siguen en marcha. El Gobierno quiere que los seguros sociales en las pequeñas empresas se ejecuten a través del sistema Redirect.