AI exige a la Junta formación en derechos humanos para los policías
Amnistía Internacional (AI) anunció ayer en León el inicio de una campaña de movilizaciones sociales, que consistirán en la recogida de firmas y envío de cartas a los responsables de la Junta, para exigir el cumplimiento del compromiso de la administración regional de los cursos de formación en derechos humanos para los policías locales. Según los análisis realizados por esta oenegé, los policía locales de la comunidad tienen serias carencias en preparación, sobre todo en derechos humanos, porque la Junta, que tiene responsabilidad, no tiene un plan específico ni presupuesto asignado a este cometido. Los responsables de AI criticaron que la Escuela Regional de Policía instalada en Ávila, es un «mero proyecto sobre el papel» porque, según denuncian, la «el absoluto desinterés de la Junta» ha permitido que sólo sean dos oficinas en las que trabajan tres funcionarios. La oenegé asegura que la preparación actual de los policías pasan por la iniciativa profesional «y muchos se pagan sus propios curso». El documento de Amnistía Internacional, titulado «Dos años incumpliendo compromisos» es la respuesta al presentado hace dos años por esta misma oenegé en el que se hacía un análisis de cuáles eran las responsabilidades de la administración autonómica. «Dos años después, el análisis, la situación y las responsabilidades siguen siendo básicamente las mismas a pesar del compromiso expresado por distintas autoridades de la Junta para llevar a cabo mejoras significativas en esta materia. Ninguna de las recomendaciones de aquel informe han sido llevadas a la práctica», dice Cristina Egido, portavoz de Amnistía Internacional, que denuncia que la norma que debería asegurar que la formación en derechos humanos para los/las policías de nuevo ingreso se imparta de manera suficiente y continuada en el tiempo, no ha sido publicada. Movilización Para exigir la formación inicial y la permanente para los funcionarios del cuerpo, AI ha emprendido una movilización social «ante la pasividad» de la administración, según el responsable de AI, José Manuel Paredes, que consiste en la recogida de firmas «y otras medidas que ya iremos anunciando». Paredes aclara que esta movilización no va en contra de la policía, «sino que esperamos contar con su colaboración para estas reivindicaciones», así como la participación de la judicatura, partidos políticos, asociaciones y ayuntamientos de la provincia. «Los ayuntamientos son los más interesados en que los policías locales estén bien preparados», dice Pareces que asegura que el objetivo de la organización es conseguir que en pocos meses «esto que denunciamos deje de ser una realidad». Como medidas positivas destacan la creación en el año 2006 del Consejo Asesor de la Escuela Regional de la Policía Local y la organización de algunos cursos, así como la publicación de un manual de actuación policial en materia de violencia de género, «pero no suponen un avance con respecto a la situación anterior, puesto que se sigue sin elaborar normativamente la formación en derechos humanos de todas las policías locales de la comunidad»