El 89% de los 18.063 discapacitados en edad laboral de León están desempleados

El 10,93% de los discapacitados de León de entre 16 y 64 años dados de alta tienen algún tipo de actividad laboral. La dificultad de inserción hace que muchos abandonen su propósito y no consten en los registros como demandantes de empleo, desempleo que aumenta cuanto mayor es el grado de discapacidad del solicitante. Sin embargo, la integración laboral aporta muchos beneficios a las personas discapacitadas, entre los que destaca la mejora de la autoestima y la sensación de que aportan beneficios a la sociedad de la que, en ocasiones, se sienten excluidos. Pese a todo, el 89% de la población con discapacidad en edad de trabajar no tienen ninguna actividad laboral. En la provincia de León hay 18.062 discapacitados con edad de trabajar, según los datos disponibles en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de los que 1.974 trabajadores están dados de alta, frente a los 178.859 que no tienen ninguna discapacitad anotada, según los datos a 31 de mayo del 2008 facilitados por Tesorería. La mayoría de las personas dadas de alta en Tesorería - 1.643- tienen un grado de discapacidad entre el 33% y el 64%. Los discapacitados con un grado superior o igual al 65% -grandes discapacitados- también son demandantes de empleo y en la última estadística de Tesorería había 321 grandes discapacitados con algún tipo de contrato laboral. Hace 25 años se creó la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi) que obliga a las empresas de 50 o más empleados reservar el 2% de su plantilla a personas con discapacidad. En la Administración Pública esta cuota sube al 4%. También recoge alternativas como las donaciones, subcontratación para prestación de servicios o suministro de materias primas. El informe de la Fundación Equipara 2008, en el último observatorio para la mejora de la equiparación laboral de personas con discapacidad, deja al descubierto una realidad social en España: 3 de cada 4 empresas dice tener empleadas a personas con discapacidad, aunque sólo 1 de cada 7 alcanza el mínimo exigido por la Lismi. Castilla y León está dentro de las comunidades en las que las empresas cumplen en un mayor porcentaje la ley, aunque sólo el 18% de las 80 empresas de más de 50 empleados consultadas cumplen alguno de los criterios de la ley. Las empresas murcianas son las que mayor grado de cumplimiento han alcanzado, con 40%. En la cola están Canarias, con un un 6% y Extremadura con un 8%. Los resultados de las 1.319 entrevistas de la Fundación Equipara a las empresas de más de 50 empleados, el 77% opinan que las personas discapacitadas trabajan igual que el resto de los trabajadores. El 54% ofrece puestos de trabajo para cumplir con la Lismi y el 10% para recibir las bonificaciones y menores costes de Seguridad Social y prestaciones económicas por parte de la administración autonómica. Según los resultados de la encuesta, las empresas que no contratan recelan sobre las capacidades de los discapacitados para desarrollar el trabajo aunque el 60% de las que si lo hacen manifiestan que realizan bien su trabajo y el 34% aseguran que cumplen como los que no tienen discapacidad.