La Guardia Civil quita el explosivo a una cantera de Las Médulas, pero sigue activa La Reina en el mirador

La Junta de Castilla y León tiene la orden de paralizar las explotaciones de la cantera de Catisa en Las Médulas, además de las de El Feixolín en Villablino y el parque eólico de San Feliz; y además ha solicitado reiteradamente la intervención de la Guardia Civil en otra cantera del área de Las Médulas, que no tiene licencia ambiental pero mantiene su actividad. Así lo explicó ayer el delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, en el programa Protagonistas , que Luis del Olmo emitió desde León. El periodista preguntó al delegado por la situación de la cantera de Catisa, después de la denuncia presentada recientemente en antena por asociaciones en defensa del patrimonio de Las Médulas. Fernández incidió en la dificultad de ejecutar las órdenes de paralización de este tipo de explotaciones, y puso como ejemplo la de Peña del Horno, en Priaranza, donde la Guardia Civil ha acudido reiteradamente (incluso ha cancelado el permiso de utilización de explosivos), sin que haya sido posible conseguir que la empresa detenga su actividad. A instancias de la Fiscalía El delegado de la Junta confirmó ayer a este periódico que la Fiscalía de Medio Ambiente de León ha exigido la paralización de la actividad en la cantera de Catisa, en Carrucedo; la explotación a cielo abierto de El Feixolín, en Villablino y el parque eólico de San Feliz, también en El Bierzo, por considerar que no tienen licencia en las explotaciones que ocupan. Además, lleva a cabo investigaciones para determinar si las actuaciones suponen la imputación por vía penal de delitos ambientales. En el caso del parque eólico, la paralización de la actividad ha sido decretada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de León. La orden de paralización ha sido comunicada a la Junta de Castilla y León, para que determine si procede actualizar las autorizaciones y sancionar las irregularidades, o bien cerrar las explotaciones. Eduardo Fernández, hacía hincapié ayer en la complejidad administrativa de los trámites a llevar a cabo, especialmente en el caso de la cantera y la mina a cielo abierto. «Se trata de explotaciones que obtuvieron sus licencias hace años, cuando aún la ley no exigía la evaluación de impacto ambiental. Y en el caso de El Felixolín se complica al superponerse el procedimiento al de cese de la actividad decretado por el Juzgado de los Contencioso de León». En todo caso, parece claro que ambas explotaciones han superado los límites geográficos para los que fueron autorizadas inicialmente, lo que plantea una divergencia jurídica en el sentido de si es exigible una evaluación de impacto ambiental (o el correspondiente delito medioambiental si no se ha obtenido) o simplemente se obliga a la empresa a retrotraerse al perímetro inicial autorizado y a pagar su multa y restaurar la zona ampliada. La Junta aclara que en su momento ya inició expedientes sancionadores a las empresas por haber excedido sus límites permitidos. Desde la Junta se ha trasladado a las empresas el procedimiento que existe contra ellas, antes de ejecutar la paralización, «para no generarles problemas de indefensión», ya que la orden inicial de la Fiscalía no incluía la posibilidad del recurso. «Estamos analizando qué autorizaciones se les pueden conceder, cuáles habían solicitado ya y en qué medida pueden acogerse a la propia normativa de la Junta según la cual la evaluación de impacto ambiental no es exigible a las empresas que estaban en funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigor de la norma». Aclaraciones pendientes La Junta debe aclarar ahora (a través de los servicios de Energía y Minas, como autoridad sustantiva; y de Medio Ambiente) el procedimiento administrativo, previo a la posible actuación penal por presuntos delitos, que es la que investiga la Fiscalía. Recientemente la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de León, Lourdes Rodríguez Rey, manifestó, en sintonía con lo declarado por el fiscal general del Estado, que pondrían especial empeño en la persecución de los delitos relacionados con el medio ambiente. La Fiscalía de Medio Ambiente de León comunicó la irregularidad de las tres explotaciones hace tres meses a la Junta, y desde entonces ambas instituciones tratan de aclarar la situación administrativa de los afectados. Cuando los Reyes de España visitaron Las Médulas, al contemplar el paisaje desde el mirador de Orellán a doña Sofía le llamó la atención el gran boquete abierto en la ladera detrás de los montes derrumbados. «Una cantera», le contestó Luis del Olmo, presidente del patronato del paraje Patrimonio de la Humanidad. El popular periodista recordaba ayer la anécdota en su programa Protagonistas , retransmitido desde León, en el que el delegado de la Junta en León se comprometía a hacer lo que está en manos de esta administración para preservar el espacio de Las Médulas. Eduardo Fernández reconoció que la actuación contra las grandes explotaciones se hace especialmente complicada cuando la competencia administrativa recae en los pequeños ayuntamientos que acogen estas canteras. «La Junta tiene que ponerse entonces al frente, y como no tiene policía autonómica, reclamar la ayuda de las fuerzas del orden a la Administración General del Estado». Ni así parece fácil vencer la resistencia de algunos empresarios. Sin embargo, en el caso de Las Médulas, el delegado reconoció que las figuras de protección no sólo son mucho mayores que hace unas décadas, sino que están especialmente reforzadas: «Las Médulas goza de doble protección ambiental, y cada vez se irá a más».