Los precios de las escuelas infantiles privadas de la capital oscilan entre los 250 y 400 euros
La nula oferta pública obliga a pagar cuatro veces más por una guardería
La diferencia con los centros municipales y de la Junta llega a casi dos mil euros al año

La oferta de plazas públicas en León no es suficiente para cubrir la demanda
Encontrar una plaza pública de guardería en la capital leonesa es para muchos padres imposible. La oferta en la etapa educativa de cero a tres años es casi nula, más allá de las escasas 343 vacantes disponibles en las escuelas infantiles de la Junta y Ayuntamiento. Las 567 solicitudes presentadas dentro de plazo dejan ya al 44% de las familias (224) sin la oportunidad de llevar a sus hijos a un lugar donde los cuiden mientras ellos trabajan, pero a un precio razonable. Sólo queda una alternativa: buscar entre los centros privados de la ciudad, hay varios (muchos más que públicos), y contrastar tarifas hasta encontrar la más ajustada al presupuesto. Aquí las diferencias son nimias. La horquilla fluctúa entre los sesenta y cien euros de matrícula y los 250 y 400 de mensualidad, dependiendo del número de horas y las comidas, que pueden ser hasta tres -desayuno, almuerzo y merienda-. En total, en torno a 2.560 euros, como mínimo, por diez meses. Una cantidad demasiado abultada para muchas personas, ahogadas ya por el alud de facturas que reciben. Otras, en cambio, lo tienen más fácil. Si con suerte consiguen una plaza pública en cualquiera de las cinco escuelas del consistorio, el precio por llevar a sus hijos nunca superará los 778 euros por diez meses, si contratan comedor, o 389 si no lo hacen. La pega es que el horario aquí es menos flexible y sólo uno de ellos abre hasta las nueve y media de la noche, lo que coacciona a muchos padres, que trabajan a jornada partida. La Junta concede una opción más, aunque muy similar a la de la Institución municipal. Sus tarifas, fijadas mediante decreto, van desde los 15 euros al mes si la renta per cápita no supera los 180 euros, hasta los 120 -según lo marcado a diciembre del 2007- si el salario es superior a 500 euros. Además, las familias numerosas de categoría especial están exentas de pagar, y las de categaría general y núcleos monoparentales sólo abonan el 50%. La resta evidencia que muchas familias gastan 1.700 euros más por recibir un servicio que debería tener carácter social y prioritario, sobre todo ahora, cuando la incorporación de la mujer al trabajo supone una realidad que no puede ser coartada por la desavenencia política. La situación es desalentadora. Del 2003 al 2005 hubo en la ciudad de León 9.854 nacimientos -según datos del INE-. La propuesta educativa de los organismos públicos para estos niños sólo cubre al trece por ciento de la población potencial, el porcentaje más bajo de la comunidad junto con Segovia, y deja a 8.492 chavales sin la posibilidad de acudir a un centro soportado con fondos consistoriales o autonómicos. No es la solución Las escuelas administradas por particulares, aunque admiten mayor número de matrículas, tampoco corrigen el déficit y únicamente suman 940 plazas, lo que deja a casi el 70% de las familias, a pesar de contar algunas con suficientes recursos económicos, sin ninguna posibilidad para dejar a sus niños en un lugar regulado y controlado. El recurso manido trasvasa la responsabilidad paterna a abuelos, o a otros agentes externos, para no quebrar la normalidad impuesta por el trabajo. En las áreas rurales la ausencia es si cabe más pronunciada. El programa Crecemos, nacido desde un convenio entre la Diputación y ayuntamientos, llega a casi veinte municipios -en León hay 211- y a cerca de 300 alumnos del primer ciclo de Educación Infantil. Las recomendaciones de la Unión Europea fijan en al menos un 33% la cobertura que deben dar los organismos encargados de gestionar estas escuelas si quieren entrar en un espectro de oferta aceptable. Las previsiones para el próximo curso no son halagüeñas. Las escuelas públicas recibirán 409 solicitudes más y el registro alcanzará en total al 18% de la población, con una edad de cero a tres años, un punto porcentual por debajo de la media de la comunidad.