La UPL exige a Otero su acta de procurador y a Rubinat la de edil

El comportamiento de Joaquín Otero, Héctor Castresana y Luis Herrero Rubinat causó a la UPL «desprestigio y deterioro» y por eso el Comité Ejecutivo del partido decidió por «unanimidad» sancionar con la inhabilitación a los dos procuradores leonesistas y al concejal del Ayuntamiento de San Andrés. La resolución «no ha sido ni del presidente ni del secretario general» de la agrupación, «fue de todos los integrantes de la Ejecutiva, que no avalaron las posturas de los expedientados». El justificante de la suspensión de militancia lo concedió ayer el dirigente de la UPL, Melchor Moreno, que pretende «hacer un partido disciplinado y serio», sin la presencia ya del anterior secretario general de la agrupación política, «que ha mostrado indisciplina a pesar de las múltiples llamadas para el diálogo y el entendimiento». La fricción, originada tras el pacto de gobierno con el PSOE en el Ayuntamiento de la capital, lleva a los responsables del partido a exigir el acta de Parlamentario en las Cortes a Joaquín Otero y la de concejal a Luis Herrero Rubinat, mientras que a Héctor Castresana no se le requiere y pasaría a ser el interlocutor del partido en Valladolid cuando cumpla la inhabilitación de seis meses, el castigo más leve de los impuestos. Hasta que ese momento llegue, la dirección de la UPL asumiría ese papel, según anunció ayer Melchor Moreno en una rueda de prensa en la que estuvo arropado por el presidente del partido, Javier Chamorro, y por el diputado Lázaro García Bayón. El actual mandatario de la UPL también desmintió que el comité de conflictos aconsejara archivar el expediente en curso de los tres militantes castigados y aseguró, además, que, en ningún momento, de las conclusiones se desprende el respeto al reglamento estatutario de los leonesistas. De hecho, Joaquín Otero «no colaboró en las anteriores elecciones generales, abrió una sede parlamentaria paralela sin ningún distintivo del partido, hizo declaraciones en contra de la UPL y no se encontraba al corriente del pago de las cuotas», lo que derivó en un «abandono y deterioro» de los candidatos. Estas circunstancias, explicó Moreno, están estipuladas en los estatutos del partido y son comportamientos que acarrean una sanción, en este caso cuatro años de expulsión. La resolución no es firme y Otero tiene la posibilidad de recurrirla en el próximo congreso de la UPL, aunque éste no se celebrará hasta dentro de dos años. Si bien, el parlamentario ya adelantó que piensa acudir a la justicia para pedir la suspensión cautelar del fallo. Por su parte, Herrero Rubinat, que además de edil en el tercer municipio de la provincia es también asesor del Grupo Parlamentario, cometió, según la dirección leonesista, prácticamente las mismas faltas que su compañero, actuaciones por las que ha sido inhabilitado por un periodo de tres años. Con «legitimidad» Argumentos que contradicen la defensa de Otero, quien aseguró que todo lo sucedido responde a una estrategia de los dirigentes de la UPL para quitarlo de en medio y colocarse, de una manera más fácil, como cabeza de lista en los próximos comicios municipales y autonómicos. Melchor Moreno afirmó que es «lícito querer optar a las candidaturas», aunque recordó que él ha tenido la oportunidad de ser procurador y lo rechazó, «porque tengo otras prioridades y es incompatible con mi trabajo», finalizó.