Diario de León

Las sociedades tendrán que reintegrar parte de las ayudas recibidas desde 1998 al 2001

El Gobierno reclama 300 millones de euros a las empresas mineras de León León registra en junio una caída del 20% en las exportaciones

Carbunión alerta de la disolución del sector si se ejecutan los expedientes «caducados»

Publicado por
S. C. Anuncibay - redacción redacción
León

Creado:

Actualizado:

Las empresas leonesas del sector de la minería del carbón tendrán que hacer frente al pago de al menos trescientos millones de euros relativos a los controles financieros de los años 1998 al 2001, tras incoar recientemente el Gobierno procedimientos de reintegro a todas las compañías españolas del ramo por un importe superior a los quinientos millones. La decisión del Ministerio de Industria de no mantener la discrepancia con la Intervención General de la Administración del Estado (Igae), mantenida a lo largo de la última legislatura, inicia una «crisis sin precedentes» en este sector y supone su «total liquidación» si el Ejecutivo central no interviene y reconoce la «improcedencia» de continuar con la gestión de recursos «caducados, prescritos, fundamentados en legislación que no es de aplicación y basados en criterios contables inadmisibles», según recoge la nota de prensa remitida por la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón -Carbunión- y refrendada por uno de sus portavoces, Samuel Gutiérrez. El representante de la patronal recuerda que estas ayudas se «otorgaron con todo el rigor» y con el visto bueno de Gobierno, Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, interventores y, adicionalmente, por la Unión Europea y denuncia que el nuevo criterio del ministro Miguel Sebastián es el de no reconocer los costes. Gutiérrez puso como ejemplo el caso de cualquier empresa que, como consecuencia de una huelga, haya incrementado los salarios de sus trabajadores un 15%, subida que Hacienda no reconoce ahora al tratarse de una medida voluntaria. Tampoco se aprueban los excedentes de producción ni parte de los pagos hechos a los ayuntamientos para conseguir licencias municipales. El cambio de postura es «desconcertante», sobre todo después de que el Estado alimentara la confrontación con la Igae, lo que dio lugar al otorgamiento de las ayudas y su procedencia y conformidad a norma. El anterior secretario de la Energía, José Antonio Fernández Segura, aseguró, en su momento, a auditores de las empresas mineras que iban a continuar con la divergencia hasta sus últimas consecuencias. Esta situación concedió al ramo un lapsus temporal para que no tuvieran que provisionar estas cantidades. Ahora, tras el concierto de las partes, el conflicto no llegará al Consejo de Ministros, y las sociedades tendrán que provisionar en el capítulo de gastos el pasivo, una contingencia de tal envergadura que llevaría a las afectadas a su disolución, tras el desajuste económico generado. Según argumenta Carbunión, las subvenciones al funcionamiento y a la reducción de actividad concedidas en el periodo analizado se calcularon mediante el procedimiento previsto en la normativa nacional, «por lo que no cabe la reclamación de su reintegro». La tesitura en la que se encuentran las empresas es de «total indefensión» al exigirlas, como marca la Ley de Subvenciones, el pago o el aval de las cantidades estipuladas antes de recurrir o entablar un proceso judicial. Desde Carbunión no entienden como después de hacer frente común en esta problemática hayan optado por «cerrar la única posibilidad de solución prometida» que quedaba: la intervención del Consejo de Ministros. Si al final se acomete la vía ejecutiva de todos los expedientes, que ya han llegado a diez empresas que cerraron en diciembre y a una con actividad, el Plan del Carbón 2006-2012 «no se puede cumplir» en este escenario. Lo prudente sería, según Carbunión, suspender las recolocaciones y nuevas admisiones de personal e, incluso, revocar las ya realizadas, más de mil en todo el país. Castilla y León registró un superávit comercial de únicamente 210.000 euros durante el mes de junio, donde el valor de las exportaciones se situó en los 782 millones de euros, lo que supuso un descenso del 6,79 por ciento, y el de las importaciones fue de 781,8 millones de euros, un 2,47 por ciento menos respecto al mismo mes del año anterior, según la información facilitada por la Dirección General de Estadística de la Junta en relación al Comercio Exterior. La provincia leonesa exportó en ese periodo productos por valor de 52 millones de euros, lo que significa una caída del 20%. Las importaciones, con 34 millones, también descendieron un 0,24%. Las exportaciones, respecto del mismo mes del año anterior, aumentaron sobre todo en Ávila (6,17 por ciento). En cuanto a las importaciones, en términos interanuales, destacó el incremento de las mismas, fundamentalmente, en Salamanca (78,1 por ciento) y descendieron, sobre todo, en Ávila ( un 38,57 por ciento), según el informe público. «Las ayudas concedidas entre 1998 y 2001 se dieron con todo el rigor» SAMUEL GUTIÉRREZ Portavoz de Carbunión

tracking