Los socialistas creen que son irregulares los pagos a dos concejales del PP por asistir a las juntas
El PSOE denuncia al alcalde por el supuesto cobro ilegal de 5.500 euros
Acusan ante la Fiscalía al regidor por pasar gastos de representación del 2007 sin justificante
El alcalde de Sariegos, Ismael Lorenzana, y el concejal socialista, Bernabé Martín González
El Partido Socialista ha denunciado ante la Fiscalía el supuesto cobro ilegal de 21.500 euros por parte del alcalde de Sariegos, Ismael Lorenzana, y los concejales populares Sonsoles Sánchez y Pablo Díez. Según explicaron ayer, el regidor ha expedido dos órdenes para percibir 3.000 y 2.500 euros en concepto de gastos de representación «sin aportar los justificantes de los viajes, los cafés y las comidas que reseña vagamente en el papel». A juicio del PSOE, las cantidades son «a tanto alzado», constituyen «una propina que se atribuye el alcalde» y contradicen lo aprobado en el pleno del 28 de junio del 2007. En esa sesión se aprobó que los asistentes a la Junta de Gobierno recibirían una cantidad de 267 euros que incluye «todos los gastos que se le pudieran ocasionar a los miembros de la Corporación en el ejercicio de sus funciones, como kilometraje, estacionamientos, dietas y gastos diversos», recuerdan. De ahí que el PSOE entienda que «al alcalde no le basta con el cobro del dinero legal por asistencias, sino que pide 5.500 euros más que son poco éticos, políticamente censurables y perseguibles judicialmente». En cuanto a los dos ediles, el PSOE los denuncia por cobrar los 267 euros de las juntas de Gobierno sin formar parte del organismo. «No vamos a consentir que sigan así, lo justifican en que acuden para informar, pero ya les han llamado 30 veces», asegura Bernabé Martín González. Varias advertencias Los socialistas creen que han actuado «con tacto» y que han acudido al fiscal «sólo después de haber advertido al PP de la ilegalidad en numerosas ocasiones y mandarles una recusación que ni siquiera han contestado. No nos han dejado más remedio que ir a los tribunales para impedir que la bola siga creciendo hasta 86.000 euros».