Fernández crítica la existencia de «diferentes criterios» de aplicación en cada comunidad
UGT denuncia que la Junta retrasa en León 14.000 solicitudes de dependientes
Desde el sindicato piden el cese de César Antón, consejero de Familia e Igualdad
El líder de UPJP-UGT, Paulino Bejega, y el secretario provincial de UGT, Arturo Fernández
«Está habiendo discriminaciones en función del territorio donde se viva». El secretario provincial de UGT en León, Arturo Fernández, critica la «disparidad total de criterios de aplicación» de la Ley de Dependencia por parte de las administraciones autonómicas. Las declaraciones del líder sindical hacen alusión a las diferencias existentes entre el actual número de beneficiarios de la Ley en Castilla y León y el de otras comunidades. Frente a los 288 dependientes reconocidos en la comunidad, Andalucía da prestaciones a 12.847 personas o Castilla-La Mancha a 1.487. Desde el sindicato exigen a la Junta una gestión más eficaz para que «todos los afectados reciban ese derecho que por ley tienen reconocido». No obstante, el número de beneficiarios de la ley en la comunidad no llega a 300, a pesar de que sólo en León se presentaron 14.000 solicitudes de la ayuda. En este sentido, la agrupación de Prejubilados, Jubilados y Pensionista de UGT (UPJP-UGT) denuncia que para tramitar las diligencias de la ley la Junta tan solo cuenta con un trabajador dado de alta en la Seguridad Social, y deje la mayor parte de la gestión de los fondos en manos de empresas privadas . UGT también recrimina al Gobierno autonómico la pérdida de más de 15,5 millones de euros de subvención a cargo de los fondos del Gobierno central porque la Junta «no ha cumplido con sus obligaciones». Como consecuencia de estas acciones la UGT pide el cese del consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, al que acusan de no cumplir con su «responsabilidad» en la gestión de la Ley de Dependencia. Paulino Bejega, líder de la UPJP-UGT, también denuncia que, debido a sus características demográficas de envejecimiento y dispersión de la población, León es la provincia más perjudicada por la mala gestión de la Junta. Movilización y reclamaciones Cómo medida de presión el sindicato organizará el próximo día 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, una concentración frente a la sede de la Presidencia en Valladolid para la que se dispondrán autocares que trasladen a los manifestantes hasta la capital de la comunidad. El objetivo de esta protesta es la reivindicación del pleno desarrollo de la Ley de Dependencia por parte de la administración y exigir a la Junta «que cumpla con sus obligaciones». Además de la manifestación el sindicato enviará a la ministra de Políticas Sociales, Mercedes Cabrera, «un documento de reivindicación para que en todas la comunidades autónomas se realice el desarrollo de la Ley con idénticos criterios» y «no exista disculpa por parte de ninguna comunidad autónoma porque no este suficientemente claro si pagan todos iguales o alguno paga distinto».