Los geriatras temen que la Ley de Dependencia se quede sin financiación «La Ley no ha tenido en cuenta a la justicia, que es el eslabón perdido»

No va a haber dinero. Eso es lo que temen los geriatras y gerontólogos sobre la aplicación y continuidad de la Ley de Dependencia. El presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Castilla y León, Ignacio Toranzo Martínez, alertó ayer en León de que ley depende de pactos anuales y «no está garantizada presupuestariamente» por lo que el aumento del gasto, que algunos estudios económicos aseguran que triplicará el previsto por el Gobierno, «es preocupante y no garantizan su continuidad». Toranzo hizo estas declaraciones durante el Congreso de la Sociedad de Geriatría que ayer se clausuró en León, en el que han participado 150 especialistas. Asegura que hay aspectos de la ley que deben cambiar para garantizar que los recursos económicos se dedican al tratamiento del dependiente y la prevención de la enfermedad, porque, dice «hay cosas que chirrían». Entre ellas, señala que el sistema de baremación no es eficaz, «no hay que perder nunca de vista que la ley es para atender al dependiente y no se puede convertir en un instrumento para dar pensiones o hacer política». Toranzo sostiene que le ley debería ocuparse de que haya profesionales capacitados para atender al enfermo. «Parece mentira que, como en el caso de Cantabria, no haya ni un sólo geriatra ni gerontólogo en los hospitales, cuando la mayoría de los dependientes son los mayores de 80 años». Este especialista critica que las autoridades sanitarias piensen que con dar una ayuda a las familias «el problema está solucionado», por lo que seguirán presentado alegaciones para corregir una ley que, a su juicio, debe controlar que el dinero sirva para mejorar la situación del dependiente, «y no para mejorar la economía familiar». «El riesgo que corre el sistema de ayudas planteado en la Ley de Dependencia es convertir a la persona en objeto que en sujeto del sistema». Esa es la visión del juez decano de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ayer intervino en el Congreso de Geriatría. Aseguró que la Ley de Dependencia «ha olvidado que los grandes dependientes van a ser personas suceptibles de una incapacitación judicial para que les sea nombrado un tutor». Quiñones recordó que la justicia tiene recursos importantes para velar por los incapacitados, como es la declaración judicial de incapacidad, el sistema de tutela «que va a velar por los intereses del discapacitado», el testamento tutular -en vigencia desde el 2003- y la protección del patrimonio del discapacitado, «que son sistemas que se olvidan o desconocen». «La Ley de Dependencia ha olvidado que los grandes dependientes van a ser personas suceptibles de una incapacitación judicial al que hay que nombrar un tutor. No ha establecido un puente. Es un eslabón perdido» JUAN C. SUÁREZ-QUIÑONES JUEX DECANO