Más de veinte directores culpan a Educación del conflicto en las aulas

El conflicto en Educación ha conseguido unir a toda la comunidad educativa de la provincia en contra de la responsable del área Mercedes Fernández. A padres, alumnos y profesores se suman ahora los equipos directivos de la mayoría de centros leoneses. Hasta 23 directores han firmado un escrito, que pesa ya sobre la mesa del despacho de Fernández, donde reflejan su «disconformidad» con la «forma de proceder» de la encargada de las políticas educativas y la acusan de «una interpretación excesivamente estricta de las ratios y de no respetar la organización realizada en los centros de acuerdo a los cupos». Recuerdan que con fecha 9 de septiembre enviaron a la dirección provincial la certificación que informaba sobre la organización académica y desgranaba cada uno de los horarios, pero la nueva orden «ha obligado a realizar modificaciones de grupos y materias que han afectado muy negativamente al inicio del curso». Esto genera «malestar» por «no haber respetado la autonomía organizativa y pedagógica», tal y como contempla la LOE, además de la «improcedencia del momento elegido» para hacerlo, «por su premura, dos días antes del comienzo de las clases y, en algún caso, una vez iniciadas éstas». Estos antecedentes llevan ahora a solicitar a los directores firmantes una reunión urgente con Mercedes Fernández para «estudiar criterios de actuaciones futuras» y tratar de solucionar el problema surgido en el seno de las aulas leonesas, en muchos casos con las ratios máximas marcadas por ley, de 30 escolares en ESO y 35 en Bachillerato, cuando hay suficiente plantilla para llevar a cabo desdobles y disminuir el número de alumnos por clase, al menos así lo aseguran las seis organizaciones sindicales presentes en la Junta de Personal Docente. Precisamente, esa «masificación» aparece en el origen de la huelga de profesores de Enseñanzas Medias que tuvo lugar ayer y que concentró un apoyo muy numeroso de Ampas, docentes y estudiantes. Ese respaldo es ya evidencia incontestable de la falta de entendimiento entre la administración y los que están, en última instancia, encargados de formar a los jóvenes de la provincia. Fernández tendrá que tomar buena nota de ello si lo que quiere es devolver la paz a los centros. Si no, la consejería debería asumir la tutela del problema, al menos reconocerlo, y evitar agravios comparativos con el resto de provincias, donde no se ha llegado a esta situación, aunque en alguna de ellas pueda haber problemas similares, pero estos son puntuales. Las circunstancias actuales sólo contribuyen a cercenar la buena marcha del curso y perjudican, principalmente, a aquellos alumnos con necesidades educativas especiales o a los que, por diferentes causas, tienen dificultades para seguir con el desarrollo normal de las clases.