Garzón ordena exhumar ocho fosas de represaliados por el franquismo

Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, dictó ayer un auto por el que ordena la exhumación de los cadáveres que contienen ocho fosas comunes de la provincia de León, con el objeto de investigar un presunto delito de detención ilegal «fundamentalmente por la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de Guerra Civil y los siguientes de la posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español», según consta en el auto al que ha tenido acceso este periódico. Garzón cursa en el escrito las órdenes pertinentes para la apertura de las fosas comunes de La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo cumpliendo la petición cursada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de León y otras ocho más, que databa del 28 de agosto del 2008. La Fiscalía General del Estado ha presentado un recurso, por entender que los hechos en cuestión «no son constitutivos de crímenes de lesa humanidad ni genocidio, que estarían afectados por la Ley de Amnistía de 15 de Octubre de 1977 y que, en todo caso, no serían delito de terrorismo, siendo competente para el conocimiento de los hechos denunciados el juez del lugar donde los mismos hubieran ocurrido». Nunca se había investigado El apartado de razonamientos jurídicos del auto recalca que los hechos objeto de denuncia «nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española, por lo que hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad». Subraya Garzón que con este procedimiento «no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil española; ni esa es la intención de los denunciantes ni puede serlo desde el punto de vista jurídico penal del instructor». «Con este procedimiento no se trata de hacer una revisión judicial de la Guerra Civil española» BALTASAR GARZÓN Juez de la Audiencia Nacional