El PSOE exige la retirada de la Ley de Montes y presenta un texto alternativo

redacción

El Partido Socialista de Castilla y León presentó ayer una enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Montes a través de la que pretende que la Junta de Castilla y León retire el texto, al entender que no cuenta con los principales afectados, ayuntamientos y entidades locales de la comunidad. «Es un ataque a las 2.226 juntas vecinales y los 2.248 ayutamientos de Castilla y León», advirtió el portavoz socialista de agricultura , Manuel Fuentes.

Los socialistas acusan a la Junta, además, de cambiar el texto que se sometió a información pública y no precisamente con objeto de incluir las valoraciones de las entidades locales sobre el documento. «El texto atenta frontalmente contra los intereses de las entidades propietarias», aseguró Fuentes. Tal es el descontento entre las filas socialistas con el proyecto, que aseguran que si la Jutna no lo retira, ellos se comprometen a derogar la ley si llegan al gobierno autonómico tras las elecciones del 2011.

Las dos principales protestas socialistas se basan en la merma de ingresos de los titulares de los montes y su limitación en la toma de decisiones en torno a ellos, lo que hace de esta ley un documento «en exclusiva del PP, no de los ciudadanos de Castilla y León». Acusan a la administración de haber obviado las peticiones de ayuntamientos y juntas vecinales, y han recogido la petición de estos colectivos de que se retire el proyecto tal y como está redactado.

Junto a esa enmienda a la totalidad, los socialistas registraron ayer en las Cortes un total de 163 enmiendas más que pretenden formar una «ley alternativa»- y que mantiene un alto grado de coincidencia con las peticiones surgidas de entre los titulares de los montes, consultados por los socialistas.

El principal objetivo de esas enmiendas es aumentar la capacidad de decisión de quienes ostentan en la actualidad la titularidad de los montes, algo que según Fuentes no llegará de la mano del anunciado Consejo de Montes; el procurador socialista cree que este organismo no podrá tomar decisiones, convirtiéndose en un simple órgano de consulta.

El factor económico también aparece en varias de las enmiendas presentadas ya que los socialistas consideran que el proyecto de ley resta ingresos a los titulares de los montes, «al menos en cinco puntos de la ley». Así, la Junta pretende ampliar la aportación al fondo de mejora forestal del 15% actual al 20, mientras que su inversión en ayudas públicas no varía respecto al anterior documento. A este respecto, Fuentes anunció que el objetivo de su grupo es alcanzar una inversión pública de al menos 100 euros por hectárea en un plazo de cinco años.

Por su parte, la la portavoz socialista de Medio Ambiente en las Cortes, Mónica Lafuente, volvió a reclamar una vez más una ley «del siglo XXI» para Castilla y León que atienda al desarrollo sostenible, para lo que debería contemplar una clasificación de tipos de montes así como de usos de esos espacios naturales, «como el ocio». Se trata, en definitiva, de fomentar el monte como fuente de riqueza más allá de la explotación maderera.

Además, Lafuente reclamó una Ley de Incendios independiente, ya que «no se puede tratar un asunto tan importante en página y media».

Los socialistas piden también que la Junta acepte «una parte importante» de las propuestas, ya que, de lo contrario, rechazarán Ley cuando se tramite en las Cortes.