Las decisiones tomadas por los directores desde febrero del 2007 podrían quedar anuladas
El sindicato de profesores exige el cese de los 52 directores «ilegales» de León
Aspes considera que la mejor solución al conflicto es convocar nuevas elecciones
El presidente de Aspes, Honorio Vega, en una imagen de archivo
redacción
El nobramiento ilegal de 52 directores de centros educativos en León, 257 en toda la comunidad, encontraría solución en el cese de los directores afectados, según el sindicato ASPES. De esta forma, 22 directores de Educación Infantil y Primaria, 14 de Centros Rurales Agrupados, diez de Institutos de Secundaria, dos de Centros de Adultos y cuatro más incluidos en la categoría -˜otros-™ dejarían su puesto de forma inmediata.
La aplicación en el 2007 de la LOCE después de haber entrado en vigor la nueva Ley Orgánica de Educación en el 2006, ha dejado en una complicada situación a muchos centros educativos de la comunidad, que ven peligrar no sólo su dirección, sino también las decisiones adoptadas por la misma. «Habría que cesar a los directores afectados», indicó el presidente de la Asocación de Profesores de Enseñanza de Castilla y León, Honorio Vega que, sin embargo, no descarta que pudieran salir reelegidos los propios cesados. «Debemos estudiar qué hacer con las decisiones que han tomado esos directores para saber qué es lo más beneficioso para todos».
El sindicato se reunió ayer con representantes de la Consejería de Educación de la Junta, aunque señalaron que en ningún momento se les comunicó cómo iba a afrontar el ejecutivo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia por la que declara ilegales los nombramientos de 257 directores. «Simplemente nos han comentado que están estudiando cómo aplicar la sentencia», algo que deberán decidir en un plazo de dos meses, el tiempo que establece la propia sentencia del TSJ.
Desde ASPES ofrecen su ayuda a la Junta para «minimizar los efectos» sobre la comunidad educativa y evitar perjudicar a los centros , aunque también advierten que esa ayuda sólo podrá llegar cuando sepan los planes del gobierno autonómico. «La Junta nos dice que acatará la sentencia, y si fuera así, daríamos el tema por zanjado», señaló Vega.
El presidente sindical también quiso defenderse de las acusaciones del consejero Juan José Mateos, que aludió a la «politización» que habían hecho en torno al problema. «Nuestra organización está formada por personas de muy diversa índole y nunca hemos tenido la intención de politizar el asunto», se defendió Vega, «otra cosa es que haya habido grupos u organizaciones que hayan utilizado esta sentencia para desgastar a la Junta».
El problema en torno a estos nombramientos surge en 2007, cuando la Junta decide renovar en el cargo a los director de varios institutos y colegios de la comunidad. La decisión era contraria a la LOE, que entró en vigor en el 2006, un texto que tan sólo contemplaba la prórroga de esos carhos por un año con el fin de dar tiempo a la renovación de los directores en toda Castilla y León. En consecuencia, el sindicato comienza a presentar recursos ante la justicia con el fin de denunciar la ilegalidad de todos esos nombramientos, algo que fue reconocido finalmente por el TSJ. «Se ha desmontado toda la parafernalia de la Junta, que declaró falta de legitimidad en nuestras reclamaciones», declaró Vega satisfecho, quien reclama además «más protagonismo» para la comunidad educativa en las decisiones en torno a los centros educativos.
Vega también hizo referencia, aunque de forma menos extensa, a la segunda sentencia que anula el nombramiento de otro grupo de directores. En esta ocasión, se incumple de nuevo la LOE, que establece que los maestros no pueden ser directores de instituto, ya que estos cargos deben ser ocupados por profesores de secundaria. «Es otra sentencia más en contra de la Junta, aunque ésta afecta a un número reducido de profesionales».