La Diputación recalca que el anuncio de la subida del IBI fue publicado en plazo

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«Que no cree cortinas de humo para justificar una subida, la del IBI, absolutamente ilegal». El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, Jaime González, arremetió ayer contra el Ayuntamiento al conocer que presentará un recurso ante la institución provincial por responsabilidad patrimonial, si finalmente la sentencia judicial decide que el incremento del IBI es ilegal por una deficiente publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Con esta medida el consistorio de la capital pretende que sean las arcas del Palacio de los Guzmanes, las que paguen el coste de la devolución a los vecinos de 10,6 millones de euros, como gestora y responsable del BOP. Se trata de una medida preventiva, aunque el Ayuntamiento cree que la sentencia será al final favorable.

«Lo mínimo que se debe exigir para gestionar un ayuntamiento, y más en el caso de uno de la entidad de la capital de la provincia, es que conozcan la normativa». En este sentido, González hizo referencia a las reglas que marcan el funcionamiento del Boletín Oficial de la Provincia, que fueron publicadas en este mismo documento legal el 1 de octubre del 2004.

«En el artículo 9, apartado 2, dice que la publicación deberá ser realizada en el plazo máximo de quince días hábiles posteriores al pago de la tasa correspondiente, si ésta procediera, o, en su defecto, de la recepción de la orden de inscripción en el Registro General. En caso de publicación urgente, dicho plazo se reduciría a seis días hábiles».

Tras dar lectura a este apartado, el portavoz del equipo de gobierno dijo que la Diputación «cumplió escrupulosamente con la normativa». Explicó que recibió por parte del Ayuntamiento el anuncio de la subida del IBI el viernes 28 de diciembre del 2007 a las 12.20 horas y que fue publicado en el BOP el 2 de enero del 2008. «Tres días hábiles después, además, el 3 de enero ya estaba en papel para su consulta, tras cuatro días hábiles y dentro del plazo reglamentado».

González apuntó, incluso, que la Diputación fue felicitada en aquellos momentos por el Ayuntamiento por el «esfuerzo realizado con este anuncio al tramitar su publicación con celeridad; así que si no cumplió sus plazos, que no genere cortinas de humo».

Manifestó, igualmente, que llama la atención que haya transcurrido más de un año desde aquel anuncio y que el Ayuntamiento anuncie ahora un recurso contra la institución provincial. «Tienen 100.000 reclamaciones sobre la mesa por esta subida y las responsabilidades se las van a exigir los ciudadanos ante una clara y evidente dejación de sus funciones.

El Ayuntamiento de la capital opta por preparar este recurso contra la Diputación por responsabilidad patrimonial en caso de que la sentencia fije que la subida del IBI fue ilegal y el fallo judicial le obligue a devolver más de 10,6 millones de euros, ya que a esta cantidad habría que añadir los intereses generados en todo este periodo.

El fallo judicial podría tardar todavía al menos un año. Como prueba en esta polémica, la institución municipal aporta el registro de salida de las ordenanzas -”fechado el día 28 de diciembre del 2007-” con lo que, según el Ayuntamiento, la responsabilidad de todo este asunto sería de la Diputación como gestora del Boletín Oficial de la Provincia.

La denuncia está encabezada por la Cámara de la Propiedad Urbana y argumenta que el BOP del 31 de diciembre -”fecha tope para la publicación de las ordenanzas fiscales del ejercicio anterior-” fue impreso el día 3 de enero, con lo que se vulneraría la ley.