El Inteco revela que el 46% de las entidades locales protegensus datos
dl | redacción
Las entidades locales de España lideran la aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos en comparación con el tejido empresarial español, en concreto, con las pequeñas y medianas empresas. El 46,4 por ciento de las instituciones del ámbito más cercano al ciudadano cumplen una de las principales obligaciones de la Lopd como es la declaración de ficheros ante el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd), frente a un 16 por ciento de las pymes españolas.
Ésta es una de las principales conclusiones que recoge el
elaborado por el Observatorio de la Seguridad de la Información del Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación (Inteco), con sede en León. En el trabajo participaron más de 600 entidades locales y 25 expertos, juristas y profesionales del ámbito local así como responsables de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Diagnóstico en seguridad
El objetivo del estudio es la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la seguridad de la información y la protección de datos entre las entidades locales que permita determinar el grado de implantación de las medidas legales y operativas de seguridad de los datos personales; analizar los recursos organizativos y la previsión de actuaciones futuras de implantación de la norma, así como identificar un conjunto de buenas prácticas y casos de éxito reales para facilitar la aplicación de la Lopd.
El estudio ha distribuido la muestra analizada en nueve estratos a los que se añade el grupo de entidades locales provinciales, aunque los resultados se han agregado en tres grandes grupos: pequeños (municipios con una población inferior a 2.000 habitantes), medianos (de 2.000 a 50.000 habitantes) y grandes (más de 50.000 habitantes).
Un 28 por ciento de los ayuntamientos conoce el articulado del recientemente aprobado Reglamento de Desarrollo RDLOPD (Real Decreto 1720/2007), frente a un 14% de las pymes. El informe también indica que el 76 % de los consistorios de grandes municipios está al tanto de esta nueva norma, por encima del 48% de los medianos y el 20% de los pequeños. En el caso de las diputaciones, consejos y cabildos insulares el porcentaje alcanza el 66,7%.