UPL y UGT consideran indispensable la privatización del servicio de Aguas

león

El portavoz del grupo de concejales de la Unión del Pueblo Leonés, Javier Chamorro, considera que la privatización del servicio de Aguas del Ayuntamiento de León «es un requisito indispensable para poder recibir el crédito de 70 millones de euros que permitiría salvar multitud de puestos de trabajo de los leoneses y de las empresas proveedoras».

«Nos encontramos en una situación en la que la responsabilidad y la falta de alternativas viables no permite sino acometer esa semiprivatización, a la vista de la situación económica del Ayuntamiento, que está ocasionando un riesgo de cierre inminente en multitud de pequeñas y medianas empresas leonesas, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo que implicaría».

La dimisión de la concejala de Medio Ambiente es a criterio de la UPL «una cuestión de organización interna del grupo de concejales del PSOE». El partido leonesista destaca «su calidad humana y su enorme capacidad intelectual así como la extraordinaria relación con los miembros de la Unión del Pueblo Leonés».

Por su parte el secretario general de UGT en León, Arturo Fernández, señaló ayer que el sindicato «por principio no está a favor de ninguna privatización de un servicio público», si bien «entiende» que el Ayuntamiento pueda tener que recurrir a este tipo de operaciones para cumplir sus compromisos de pago con las empresas.

Situación muy difícil

Arturo Fernández destacó tras el encuentro de los responsables municipales con empresarios y sindicatos para negociar el pago de parte de la deuda a las empresas que la decisión de la privatización del servicio de aguas «corresponde al equipo de gobierno». «El Ayuntamiento se ha comprometido a pagar 70 millones de euros a los empresrios, pero está claro que la situación es muy difícil, y que posiblemente la privatización del servicio de aguas sea la única solución para responder como entidad pública».

«Allá ellos con su responsabilidad», concluyó el dirigente sindical, que reclamó responsabilidad y aunque se mostró convencido de que una buena gestión es la solución para los servicios públicos, adelantó que el sindicato «no se opondrá frontalmente a la privatización si esta finalmente se aprueba».

Fernández sí hizo hincapié en que la situación de los trabajadores del servicio de aguas no variará. De momento mantendrán sus actuales derechos como trabajadores municipales, aunque con el tiempo puede que pasen a formar parte de la empresa que se haga con el 49% de la gestión del servicio de aguas de la ciudad.